Burford Capital exige aplicar orden de desacato si Argentina no presenta los mensajes y correos electrónicos de los funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Economía. Sin embargo, el Estado argentino argumentó que no puede obligarlos a presentarse a la Justicia, sino que deben hacerlo por voluntad propia por tratarse de información personal. Según aseguraron, todavía falta el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

Burford Capital es el fondo buitre que compró los derechos del juicio que le hizo Eton Park y Grupo Petersen a YPF por la expropiación de la petrolera en 2012, ambas entidades con acciones allí. El bufete inglés insiste en demostrar el “alter ego”. Es decir, que el Estado argentino y la petrolera se movían como una misma entidad para así cobrar USD 16.000 millones exigidos por la jueza federal de Estados Unidos, Loretta Preska. 

Si logran demostrar que el Gobierno le daba órdenes directas a YPF como si fuera una oficina pública más, entonces pueden embargar bienes de YPF para pagar una deuda que técnicamente es del Estado. Sin esto, solo podrían intentar embargar bienes públicos, que son mucho más difíciles de tocar, como embajadas o reservas.

Esta semana, la jueza Preska tomó una decisión que dio un respiro a YPF y suspendió temporalmente el proceso de investigación de activos (discovery) sobre la petrolera, mientras una corte superior decide si Burford tiene derecho a investigar a YPF como si fuera el Estado. Esto no anula el juicio, pero detiene momentáneamente la posibilidad de embargos inmediatos contra la empresa.

Si la letrada da lugar al pedido de desacato, las consecuencias no son solo simbólicas, sino operativas y financieras. Entre ellas:

• Multas diarias: el tribunal puede imponer multas económicas que se acumulan cada día que pase sin cumplir la orden. Esto aumentaría aún más la deuda multimillonaria.
• Restricciones procesales: Argentina podría perder ciertos derechos en el juicio, como la posibilidad de presentar pruebas o incluso que se le limite su derecho a apelar si no cumple con las condiciones previas.
• Facilitación de embargos: aunque el desacato no "autoriza" automáticamente el robo de activos, sí crea un clima jurídico mucho más hostil que justifica que los demandantes busquen con más agresividad bienes argentinos en el exterior (cuentas bancarias, sedes, aviones, etc.).
• Daño a la reputación financiera: ser declarado en desacato por una corte de Nueva York envía una señal negativa a los mercados internacionales y a los inversores, complicando el acceso al crédito.