La justicia porteña rechazó la medida cautelar presentada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires que cuestionaba el Régimen de Información de Planificaciones Fiscales establecido por la AFIP.

El régimen informativo que pretendía bloquear el reclamo de un sector de los profesionales de ciencias económicas es un instrumento utilizado a nivel global para reducir la opacidad, evitar la evasión y prevenir el lavado de dinero, indicaron fuentes de la AFIP.

La decisión adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 precisa que la Resolución General N°4838 fue dictada en el marco de las competencias y facultades conferidas al organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont. 

Desde el organismo fiscal indicaron que los regímenes informativos como el que implementó la AFIP constituyen una práctica extendida entre las administraciones tributarias de todo el mundo ya que permiten verificar que los impuestos se ingresen en las jurisdicciones donde realmente se perfeccionan los hechos imponibles

Un mecanismo similar está vigente en los países de la Unión Europea y también en Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Canadá y México

“La Administración Federal de Ingresos Públicos tendrá amplios poderes para verificar en cualquier momento, inclusive, respecto de períodos fiscales en curso, por intermedio de sus funcionarios y empleados, el cumplimiento que los obligados y responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable”, sostiene la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 que desestima el planteo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA

La resolución judicial sostiene que la normativa "impone la obligación de informar la planificación fiscal al ´asesor fiscal´ como una obligación autónoma, pero también resulta cierto que el mencionado puede ampararse en el secreto profesional, límite impuesto por la propia resolución en resguardo del ´secreto profesional´. Además y a mayor fundamento, el único autorizado para relevarlo es el propio contribuyente”.

De acuerdo a la OCDE, la planificación fiscal que llevan adelante las empresas y  multinacionales genera una merma estimada entre el 4% y 10% de la recaudación de impuestos a la renta corporativa a nivel global. 

Los avances en materia de transparencia del gobierno argentino que cuestiona el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA son destacados por organizaciones internacionales como la prestigiosa ONG británica Tax Justice Network (TJN), indicaron desde la AFIP. “Argentina sigue avanzando para estar a la vanguardia de la transparencia”, sostienen los expertos de TJN.

“Con esta norma Argentina se suma a los 27 miembros de la Unión Europea, Canadá, México, Sudáfrica y Estados Unidos que ya exigen a los contribuyentes o asesores financieros que informen sus esquemas tributarios”, expresan desde TJN al referirse a los países que requieren a los contribuyentes reportar los acuerdos, esquemas, planes y acciones utilizados para obtener ventajas fiscales o beneficios con relación a cualquier impuesto y/o régimen de información. 

Desde TJN enumeran distintas razones para “apoyar la imposición de la notificación obligatoria de los esquemas de evasión fiscal”. En primer lugar, indican los expertos británicos, “ayuda a las administraciones tributarias a identificar áreas grises en la legislación tributaria que deben aclararse o mejoras legislativas, orientación regulatoria o investigación adicional”. 

En segundo lugar, agregan, “proporciona a la administración tributaria información temprana sobre los esquemas de evasión fiscal lo que le permite evaluar los riesgos que plantean los esquemas antes de realizar la evaluación tributaria y enfocar las auditorías de manera más eficiente”. Y, en tercer lugar, consideran que “es probable que exigir la declaración obligatoria de los esquemas tributarios disuada a los contribuyentes de utilizar estos esquemas porque saben que hay mayores posibilidades de que los archivos sean identificados, expuestos y evaluados”.

Además sostienen que “los informes obligatorios pueden reducir la oferta de estos esquemas al alterar la economía de la evasión fiscal de sus proveedores porque a) estarán más expuestos a reclamos por promover esquemas tributarios agresivos, aumentando el riesgo de dañar su reputación, y b) es probable que se reduzcan sus ganancias y la tasa de rendimiento de la promoción de estos esquemas porque se cierran más rápidamente”.