El proyecto de reforma laboral que el Gobierno nacional envió al Senado incluye un capítulo menos visible, que es una depuración puntual del sistema tributario nacional. La propuesta elimina ocho impuestos considerados de baja recaudación y alto costo administrativo, con el objetivo de simplificar el esquema impositivo sin afectar los ingresos centrales del Estado.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), si la iniciativa se aprueba tal como fue presentada, el número total de tributos en Argentina pasaría de 155 a 147. En el plano estrictamente nacional, los impuestos se reducirían de 45 a 37 a partir de 2026.

Los impuestos que dejarían de cobrarse

Uno por uno, los tributos incluidos en la eliminación propuesta son gravámenes específicos, creados en su mayoría hace décadas y con destinos puntuales.

El impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos grava cada ticket de cine y se utiliza para financiar al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En la práctica, encarece el precio final de la entrada. Su eliminación implicaría que el valor del ticket deje de tener ese recargo específico, aunque no define cómo se compensaría el financiamiento del organismo.

El impuesto a los videogramas en soportes físicos de contenido audiovisual. Con el cambio tecnológico y el avance del streaming, su recaudación quedó prácticamente residual. En términos cotidianos, hoy afecta a un mercado casi inexistente.

El impuesto a los servicios de comunicación audiovisual se aplica sobre servicios de televisión por cable, señales audiovisuales y otras formas de transmisión. Su eliminación no implica que el servicio deje de pagar impuestos en general, sino que se quita este gravamen específico dentro de la factura.

El impuesto a los objetos suntuarios grava bienes considerados de lujo, como joyas, obras de arte o determinados productos de alto valor. Aunque suena relevante, su peso en la recaudación es mínimo y su administración compleja, por la dificultad para definir qué es “suntuoso” en un mercado cambiante.

El impuesto a los vehículos automotores, motos y embarcaciones y el impuesto a las embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes apuntan a bienes específicos, muchas veces superpuestos con tributos provinciales o municipales. En la práctica, su eliminación reduce la carga nacional, pero no elimina otros impuestos que siguen cobrando las provincias o los municipios sobre esos mismos bienes.

El impuesto a los seguros grava las primas que pagan las personas o empresas al contratar un seguro. Al desaparecer, el costo del seguro podría bajar levemente, aunque el impacto dependerá de si las compañías trasladan esa quita al precio final.

El impuesto a la telefonía celular y satelital es un recargo específico sobre los servicios móviles. Su eliminación no significa que las empresas de telecomunicaciones dejen de tributar, sino que se suprime este componente particular dentro de la factura que pagan los usuarios.

Qué cambia y qué no cambia

Con la eliminación de estos ocho tributos, el sistema nacional reduciría cerca de un 18% la cantidad de impuestos vigentes. Sin embargo, el mapa tributario general seguiría siendo amplio. De acuerdo con el relevamiento del IARAF, quedarían 37 tributos nacionales, 25 provinciales y 85 municipales.

La clave está en la estructura de la recaudación. La mayor parte de los ingresos del Estado proviene de un grupo muy reducido de impuestos. Para 2025, se proyecta que el 85% de la recaudación consolidada dependa de solo seis:

• IVA.
• Aportes y contribuciones a la Seguridad Social.
• Impuesto a las Ganancias.
• Ingresos Brutos.
• Impuesto a los créditos y débitos bancarios y los derechos de exportación.