A menos de tres semanas de las elecciones, José Luis Espert anunció su renuncia como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, lo que desató un problema logístico y económico de gran escala: las boletas oficiales ya están impresas y en proceso de distribución.

La decisión, confirmada por el propio Espert, obligará a reemplazar su candidatura por la de Diego Santilli, quien figuraba en el tercer lugar de la lista y asumirá su posición según el orden establecido por el artículo 164 del Código Nacional Electoral. Esta norma establece que, ante la renuncia de un candidato, debe ser reemplazado por otro del mismo sexo y siguiendo la secuencia prevista.

Esta elección legislativa tiene la particularidad de incorporar una nueva modalidad de voto: la Boleta Única de Papel (BUP). En la boleta “sábana”, cada papel corresponde a un partido, con los candidatos de todas las categorías a competir. En la BUP, esto es distinto: los candidatos de todas las agrupaciones van a estar juntos en una sola planilla.

Cada partido está organizado en columnas verticales y los cargos por el que compite ese candidato por partido están agrupados por categorías en filas horizontales. Para cada cargo y partido, hay un casillero en blanco donde el votante podrá marcar su elección. A 20 días de los comicios, la boleta ya lleva el nombre de Espert y surge la duda sobre qué pasará. 

La reimpresión de las boletas implicaría un gasto cercano a los $15.000 millones, según estimaciones de fuentes opositoras. Espert encabezaba la lista en la provincia de Buenos Aires, donde se calculan más de 18 millones de boletas ya impresas con su nombre, apellido e imagen.

El proceso no solo requiere volver a imprimir, sino también revisar y distribuir el nuevo material en todo el territorio bonaerense. Las imprentas tardan alrededor de 15 días en producir las boletas, a lo que se suma un control de calidad manual y la distribución en todas las secciones electorales.

El caso es especialmente complejo porque se trata de una boleta única, donde aparecen todos los partidos en una misma hoja, lo que obliga a rehacer el diseño completo y coordinar la reimpresión con todas las fuerzas políticas y la Justicia Electoral.

La reimpresión se sumaría a los $43.000 millones ya invertidos en la impresión inicial de las boletas, cifra que con impuestos asciende a $52.000 millones. Con este nuevo gasto, el proceso electoral en papel podría superar los $66.000 millones, sin contar los costos logísticos adicionales.

Desde la oposición, las críticas no tardaron en llegar. La candidata de Fuerza Patria Jimena López remarcó el gasto de la reimpresión y sostuvo que "significa en costos 20 mil tratamientos para personas con discapacidad durante un año.

Sebastián Galmarini, también candidato de Fuerza Patria, apuntó contra el Gobierno: “Vean cuánto costó el capricho de Milei de tener un narco en su boleta. Todo mientras dicen que no hay plata para la salud, las universidades ni las jubilaciones”.