El Gobierno convocó a una audiencia pública para abrir el debate sobre un ítem clave, que explica alrededor de la mitad del ajuste al que precisa comprometerse para destrabar las negociaciones con el FMI. Hoy la diferencia clave en la discusión reside en si se busca el déficit 0% en tres o en seis años. Así, el 17 de febrero se discutirán las tarifas y los subsidios a la energía eléctrica, el punto exacto en el que se podría recortar la mitad del camino hasta ese equilibrio fiscal. El resto se puede conseguir con una baja mínima de las transferencias a las provincias y con una mejora de la actividad tal como la proyectada por el Gobierno.

El déficit primario terminó el 2021 en 3% del PBI. Colaboró para ello el ingreso de algunos pesos de vías extraordinarias que no se volverán a repetir en el 2022. Con todo, la exigencia del Fondo es lograr el rojo 0% en 2024. El Gobierno propone lo mismo pero estirando el plazo hasta el 2027, teniendo en cuenta la pobreza arriba del 40% y un salario real que repuntó mínimamente pero está en torno al 20% por debajo de los niveles previos a la debacle cambiaria de 2018 y 2019, a la que se sumó la depresión de la Fase 1 en 2020. Intentar aplacar la fuerte emisión monetaria para abastecer al Tesoro y, con ello, evitar una presión constante sobre la cotización del dólar, es la premisa de ambas partes. Unos porque quieren que esas divisas se usen para pagar deuda, los otros por la necesidad de estabilizar para que no haya devaluación.

Un informe de la consultora PxQ precisó la dimensión creciente que los subsidios energéticos fueron cobrando sobre los gastos públicos. De hecho, en 2021 el hito fue que esta partida desplazó a los salarios del segundo puesto. Históricamente el primer lugar se lo llevaron siempre las jubilaciones y el gasto social en general. El segundo puesto se lo solían llevar los salarios públicos, que aunque repuntaron un poco en la última parte del año pasado, vienen sufriendo un ajuste brutal de 27% respecto al 2015. Esa estructura terminó de cambiar durante el 2021 y, mientras los sueldos de estatales alcanzaron el 2,3% del PBI, los subsidios energéticos arrasaron y fueron hasta el 3%.

Respecto al 2019, eso implicó una duplicación de la magnitud de ese gasto catalogado como regresivo (los subsidios energéticos benefician a muchos hogares pobres pero también a los ricos), ya que había estado en 1,5% del PBI en el último período de Cambiemos en el Gobierno. De ahí que, partiendo de un déficit primario de 3% del producto que debe ser eliminado, la mitad se podría recortar mediante un ajuste en los subsidios, volviendo a la foto del 2019.

La cosa es más compleja. En ese sentido, desde PxQ señalaron: “Si se buscara reducir los subsidios a la energía al nivel de 2019, con un solo aumento en un momento del tiempo, se debería autorizar un incremento del Precio Estacional de la Energía, que es la parte del costo de generación que se traslada a la tarifa de los usuarios, de alrededor de 280% en 2022, lo cual implicaría un aumento de la tarifa final cercano a 160%. Si se hiciera a lo largo de un año, ese incremento nominal debería ser real. Es decir, para un inflación de alrededor del 50% anual, el incremento nominal en la tarifa final debería ser de 210%”.

Y agregaron: “A su vez, debe tenerse en cuenta que las distribuidoras del AMBA reclaman incrementos del Valor Agregado de Distribución (VAD), que es la parte de la tarifa final que las remunera. Si se autorizara un incremento del VAD del 50%, la tarifa final aumentaría cerca de 175%, incorporando efecto de quita de subsidios y aumento de la remuneración a distribuidoras. Queda en evidencia que no se puede buscar converger a este nivel en tan solo un año, pero sí podría realizarse un plan gradual para llegar a un monto de subsidios que permita reducir el déficit sin afectar los ingresos de los sectores más vulnerables”.

Las audiencia pública convocada por el Gobierno discutirá exactamente todos esos componentes que se terminan reflejando en las tarifas y los subsidios y será por presidida la interventora del ENRE, Soledad Manin; el secretario de Energía, Darío Martínez; y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo (recordado como aquel a quien el ministro de Economía, Martín Guzmán, no pudo remover de su cargo cuando se debatía hacia dentro del Frente de Todos el nivel de ajuste del 2021).

Más allá de si el recorte se hace a tres o seis años, ese 1,5% del PBI protagonizado por los subsidios son los candidatos al ajuste. Y es que las otras cuentas significativas del gasto público lucen intocables: las jubilaciones, las asignaciones y los salarios públicos. Por otro lado, las transferencias a las provincias, que también tuvieron un incremento grande respecto al 2019, representan apenas el 0,8% del PBI.

Desde PxQ destacaron que un ajuste de 1,5% del producto en los subsidios, sumado a uno de 0,2% en los envíos a las provincias, más un incremento de 1,9% del PBI en los ingresos tributarios, que se lograría con una vuelta a los niveles de actividad económica previos a la mencionada debacle cambiaria de 2018, generaría un ajuste de la brecha fiscal de 3,6% puntos, lo que dejaría la chance de aumentar la obra pública en 0,6% del PBI. Una suba semejante del gasto de capital lo devolvería a los niveles del 2019, incluso en pleno ajuste. En ese entonces representaba 1,9% del PBI y en 2020 apenas el 1,4%.