La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó las recomendaciones de reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó para Argentina y reclamó la convocatoria urgente a un nuevo "consenso fiscal" entre la Nación, las provincias y los municipios.

La entidad sostuvo que las medidas sugeridas por el organismo internacional, entre ellas la ampliación de la base del Impuesto a las Ganancias, la extensión del IVA a bienes y servicios exentos y los cambios en el régimen del Monotributo, afectan principalmente a trabajadores, pequeños contribuyentes y consumidores.

"Son reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos", afirmó CAME en un comunicado.

CAME cuestionó el diagnóstico del FMI

Según la entidad pyme, el FMI omitió en su análisis uno de los principales factores que afectan la competitividad de las empresas: la presión tributaria provincial y municipal.

En particular, apuntó contra el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas retributivas de servicios municipales. De acuerdo con CAME, estos tributos representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su nivel de rentabilidad.

La organización explicó que el IIBB opera como un impuesto en cascada, ya que se aplica en cada etapa de la cadena productiva y acumula costos que luego se trasladan a la actividad económica.

El impacto de los saldos a favor

Otro de los cuestionamientos de CAME se concentró en los regímenes de retención y percepción aplicados por las provincias.

La entidad aseguró que las empresas suelen pagar por adelantado montos superiores a los que finalmente deben tributar. Como consecuencia, generan saldos a favor que luego encuentran dificultades para recuperar.

Según detalló, los mecanismos de compensación resultan insuficientes porque los nuevos saldos acumulados superan la capacidad de absorción mensual de los contribuyentes.

Además, indicó que los trámites de devolución pueden demorar entre 12 y 36 meses, período durante el cual esos créditos fiscales pierden entre 60% y 80% de su valor real debido a la inflación.

Para CAME, este esquema funciona como un "préstamo forzoso sin remuneración" al Estado provincial y afecta directamente el capital de trabajo de las empresas.

La propuesta de un nuevo consenso fiscal

Frente a este escenario, la entidad empresaria propuso avanzar en una reforma estructural del sistema tributario subnacional.

El objetivo, señaló, no debe limitarse a una reducción de alícuotas, sino establecer reglas permanentes para armonizar bases imponibles, regímenes de retención y mecanismos de devolución en todo el país.

Entre las principales iniciativas planteadas figura la eliminación del IIBB en las etapas intermedias de producción, con aplicación exclusiva en la venta final al consumidor, bajo un esquema similar al del IVA.

También propuso fijar una alícuota máxima de retención del 1%, indexar automáticamente los saldos a favor mediante el CER, establecer un plazo máximo de 90 días para las devoluciones y publicar estadísticas trimestrales sobre los créditos fiscales acumulados.

Reclamo por las tasas municipales

CAME también pidió avanzar sobre las tasas municipales que, según indicó, aplican más de 2.300 municipios con criterios heterogéneos y escasa transparencia.

La entidad sostuvo que muchas de estas cargas carecen de una contraprestación verificable y constituyen un obstáculo para la inversión y la radicación de empresas en el interior del país.

Como parte de la propuesta, planteó fortalecer el rol de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral para fiscalizar el cumplimiento de los plazos de devolución, validar los coeficientes de distribución y coordinar la aplicación de las nuevas reglas tributarias entre las jurisdicciones.