El bloque oficialista de Diputados de La Libertad Avanza confía en una rápida aprobación del proyecto de ley de Compromiso Fiscal, junto a los de Presupuesto e Inocencia Fiscal, y puso de manifiesto la importancia que reviste la iniciativa para darle “estabilidad y previsibilidad a la economía”, al asegurar un equilibrio fiscal que es la condición indispensable para “terminar con la inflación”.

Así lo señaló a BAE Negocios la diputada Silvana Giudici, quien remarcó que una vez sancionada la ley se evitará la reiteración de hechos similares a los ocurridos a mediados de este año, cuando por iniciativa de legisladores opositores se aprobaron leyes que revelaron la “total irresponsabilidad” por impulsar gastos sin especificar sus formas de financiamiento.

 

“Tenemos tiempo de sobra para la aprobación de las tres leyes”, expresó, horas antes del inicio de la sesión en la que la cámara baja dará inicio al tratamiento del paquete habilitado en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

De todos modos, el plazo para el tratamiento de las tres leyes en el Senado es exiguo si se pretende sancionarlas antes del 31 de diciembre, por lo que desde el Gobierno se aceleran las negociaciones con gobernadores y legisladores de las provincias.

 

Tres proyectos, un concepto

 

Giudici consideró “muy oportuno” el debate de los tres proyectos de manera conjunta, ya que “son partes de un mismo concepto”.

 

“Sin equilibrio fiscal no se puede bajar la inflación ni darle estabilidad y previsibilidad a la economía”, puntualizó, además de remarcar que, en el caso del Compromiso Fiscal, se procura que “nadie en el sector público ni en los gobiernos subnacionales vaya por fuera de la ley de Administración Financiera”.

Precisamente, la ley 24.156 establece que cada gasto adicional debe contemplar su forma de financiamiento, aunque el Compromiso Fiscal va más allá en sus exigencias, porque la extiende a todo el sector público (Administración Central, empresas y entes públicos y fondos fiduciarios) y, además, establece sanciones penales a los funcionarios que las incumplan.

Al respecto, establece de 1 a 6 años de prisión e inhabilitación  absoluta para funcionarios que dicten normas o ejecuten gastos que incrementen el Presupuesto sin recursos acreditados, así como 3 a 10 años de prisión a funcionarios del Banco Central que autoricen emisión de moneda irregular o que impulsen, reciban o pongan en circulación esa moneda conociendo su origen espurio, con duplicación de las penas si se acredita ánimo de enriquecimiento personal o de terceros.

 

Legislar con responsabilidad

 

Uno de los aspectos más discutidos fue el de la inclusión de los legisladores entre los sujetos sancionables, por entenderse que eso podría interpretarse como una forma de limitar su desempeño.

Para Giudici, “se tiene que legislar con responsabilidad”, aunque concedió que, en última instancia, "será el Congreso el que decida".

“No veo nada restrictivo ni inconstitucional”, dijo, al tiempo que defendió ese punto del proyecto para evitar “lo que se intenta por afuera, como cuando se crea un gasto que incrementa el presupuesto en miles de millones de pesos sin decir cómo se financia”.

 

Amplia mayoría

 

La diputada fundamentó su confianza en la aprobación del proyecto en la “amplia mayoría” lograda en el despacho de comisión, con 28 firmas sobre un total de 46 diputados.

Entre quienes no estuvieron de acuerdo, señaló las “objeciones del kirchnerismo y la izquierda”, así como la postura del bloque de Provincias Unidad, que presentó un dictamen en minoría.