La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) le pidió formalmente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que frene los embargos a empresas en dificultades, al advertir que estas medidas pueden agravar la crisis financiera de muchas MiPyMEs y empujarlas a un escenario irreversible.

El reclamo fue realizado a través de una carta dirigida al titular del organismo, Andrés Vázquez, con copia al ministro de Economía, Luis Caputo. Allí, la entidad solicitó que se instruya a las áreas legales para suspender la traba de embargos sobre sumas a cobrar, una modalidad que afecta directamente el flujo comercial de las firmas.

En la nota, firmada por Mario Grinman, presidente de la CAC, se remarca que cortar el circuito de pagos puede profundizar la crisis de las empresas más chicas e incluso empujarlas a la marginalidad.

Según el documento, la preocupación surge por el mecanismo de ARCA que consiste en embargar cuentas a cobrar, notificando a los clientes de las empresas afectadas para que retengan los pagos y los depositen a favor del fisco hasta completar el monto reclamado.

La entidad reconoció que se trata de un accionar legal, enmarcado en las facultades del organismo para defender el crédito fiscal, pero consideró que es una medida "totalmente inoportuna" en el contexto actual.

En ese sentido, Grinman sostuvo que una parte importante del sector empresarial, en especial las MiPyMEs, atraviesa serias dificultades por caída de ventas, reducción de márgenes, aumento de costos, tasas de interés elevadas y falta de acceso al crédito.

Además, la CAC atribuyó este escenario a los "desarreglos macroeconómicos de larga data", aunque destacó que la actual administración realizó un "mayúsculo ordenamiento" que todavía no se tradujo en una recuperación plena de la actividad.

Por ese motivo, la entidad reclamó que el Gobierno acompañe a las empresas en crisis hasta que el panorama económico mejore, y solicitó también flexibilizar las condiciones de acceso a planes de facilidades de pago.

Finalmente, la CAC sostuvo que una suspensión de estas medidas permitiría preservar a la mayoría de las empresas, facilitar su adaptación a las nuevas condiciones económicas y, a mediano plazo, favorecer también la recuperación del crédito fiscal.