El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado su profunda preocupación por el continuo uso de la pena de muerte en Irán. Esta inquietud se intensificó tras la reciente confirmación de la condena a muerte de la activista laboral Sharifé Mohamadi. Guterres, a través de su portavoz Stéphane Dujarric, ha instado a todos los países que aún aplican la pena capital a implementar una moratoria inmediata. La situación de Mohamadi, quien fue arrestada en diciembre de 2023, pone de manifiesto la necesidad de revisar estas prácticas judiciales.

El caso de Sharifé Mohamadi es particularmente alarmante. Esta activista kurda, conocida por su defensa de los derechos de los trabajadores en la provincia de Gilan, fue acusada de traición. Aunque en octubre de 2024 el Tribunal Supremo de Irán anuló una condena inicial por falta de pruebas, en agosto de 2025 ratificó la sentencia de muerte. Este hecho subraya la urgencia de que la comunidad internacional preste atención a las violaciones de derechos humanos en Irán y en otros países que aún mantienen la pena de muerte.

La ONU ha sido clara en su postura: la pena de muerte es una práctica que debe ser abolida. Guterres ha enfatizado que es fundamental que los países que aún la utilizan reconsideren su posición. La condena de Mohamadi no solo es un llamado de atención sobre la situación en Irán, sino también un recordatorio de la importancia de proteger los derechos humanos en todo el mundo. La comunidad internacional debe unirse para abogar por un cambio significativo en estas políticas.