El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) autorizó un incremento del 3% en la tarifa de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) correspondiente a agosto y rechazó el pedido de un aumento mayor formulado por la concesionaria, por no haber presentado el informe económico financiero ni el avance del Plan de Transición actualizado.

La decisión se instrumentó a través de la resolución 24/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, en la que también se estableció un descuento adicional para los beneficiarios de la Tarifa Social que neutralice el efecto del aumento autorizado.

El ERAS determinó para julio un Coeficiente de Modificación K de 2206,0871 y sobre ese valor se aplicará en agosto el aumento del 3%.

Ley de Bases, privatización y cautelar

AySA es una de las empresas sujetas a privatización identificadas en la ley de Bases 27.742, pero recientemente el juez Mariano López, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, dictó una medida cautelar de no innovar que suspende la transferencia de la empresa estatal al sector privado.

El 14 de mayo, el Ministerio de Economía formalizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la venta del 90% del paquete accionario.

Las ofertas técnicas detalladas en los sobres 1 serán presentadas el 27 de agosto a las 10 y luego de un período de precalificación, se procederá a la apertura de las ofertas económicas contempladas en el sobre 2, probablemente a mediados de septiembre.

El reclamo de la empresa

AySA reclamó un incremento tarifario mayor al autorizado, por estar "evaluando y aplicando mejoras de eficiencia" para "mantener el equilibrio económico financiero durante los próximos meses", luego de un ajuste mensual del 1% en 2025.

"Tal esquema fijo de actualización podría mantenerse hasta alcanzar una convergencia del ritmo inflacionario al 1,5% mensual", indicó en su momento, para agregar que "si, por el contrario, se observase una aceleración de la inflación por encima del 3,5% mensual, ya no sería posible mantener el esquema de actualización fijo del 1% mensual sin afectar el equilibrio económico financiero de la concesión".

La empresa propuso "un esquema de bandas limitado en el tiempo en el cual, mientras el proceso de normalización continúe, el nivel tarifario se actualizará por debajo de la inflación observada, siempre que la misma no supere el 3,5% mensual."

Inflación mayor a la prevista

En su reclamo, planteó que "el atraso tarifario acumulado a la fecha (....) ha implicado el diferimiento de gastos e inversiones, así como la necesidad de recurrir a asistencia financiera para el sostenimiento del servicio".

Al respecto, precisó que "la inflación prevista entre los meses de noviembre de 2025 y febrero de 2026, base para el cálculo de las tarifas correspondientes al período enero 2026 a abril 2026, era, de acuerdo con el REM BCRA de noviembre de 2025, del 8,24%, mientras que la efectivamente observada fue del 11,57%".

"No resulta posible continuar absorbiendo el atraso tarifario", argumentó al respecto.

La respuesta del ERAS

El ente regulador objetó que la nota presentada por AySA "no incluye el informe de la situación económico-financiera de la empresa al segundo trimestre de 2026, ni el estado de situación del Plan de Transición actualizado a la fecha" ni tampoco "acredita el grado de cumplimiento de las metas comprometidas" en ese plan.

En cuanto a las manifestaciones sobre "diferimiento de gastos e inversiones" y a la "necesidad de recurrir a asistencia financiera para el sostenimiento del servicio", ERAS consideró que eso "evidencia la concurrencia de factores de gestión propia de la concesionaria que no resulta admisible trasladar íntegramente a los usuarios".

"En consecuencia, no habiendo presentado la Concesionaria el informe económico financiero ni el avance del Plan de Transición actualizado, corresponde rechazar la solicitud", finalizó.