Las multas de tránsito suben 16,8% en PBA y pueden superar los $2,6 millones
El valor de las sanciones se actualiza según el precio del combustible. La medida redefine sanciones según la gravedad de cada infracción y fija montos máximos históricos en la provincia.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un aumento del 16,8% en los valores de las multas de tránsito para el bimestre mayo-junio, con vigencia desde mayo.
La actualización corresponde a la tercera del año y quedó formalizada mediante la Resolución 2/2026 publicada en el Boletín Oficial bonaerense.
El esquema de ajustes bimestrales fija los montos en línea con la variación del combustible, lo que genera subas periódicas a lo largo del año.
El ajuste vuelve a ubicar a la provincia entre las jurisdicciones con sanciones más altas del país y refuerza el peso económico de las infracciones en un contexto de suba de costos para los conductores.
Cómo se calculan las multas
El sistema se basa en la Unidad Fija (UF), un índice que toma como referencia el precio del litro de nafta premium en la sede del Automóvil Club Argentino de La Plata.
Con el nuevo esquema, el valor de la UF se fijó en $2.215, lo que impacta de forma directa en el costo de cada sanción y ajusta los montos según la evolución del combustible.
El valor de cada infracción surge de la multiplicación de esa unidad por un rango mínimo y máximo definido por la normativa vigente. Este mecanismo permite actualizar los montos sin necesidad de modificar la ley en cada ajuste.
Cuánto cuestan las infracciones
Las penalidades varían según la gravedad de la falta y se expresan en rangos mínimos y máximos.
- Exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000.
- Alcohol o estupefacientes al volante: entre $443.000 y $2.215.000.
- Circular en contramano o cruzar un semáforo en rojo: entre $664.500 y $2.215.000.
- Circular sin licencia o seguro: entre $664.500 y $2.215.000.
- No usar cinturón de seguridad, mal estacionamiento o falta de documentación: entre $110.750 y $221.500.
- La sanción más alta corresponde a la negativa al test de alcoholemia, con valores entre $1.107.500 y $2.658.000.
Qué documentación y requisitos exige la ley
La normativa obliga a portar licencia vigente, cédula del vehículo, seguro y Verificación Técnica Vehicular (VTV). También exige cinturón de seguridad, balizas, matafuego y casco en motocicletas.
El uso de luces bajas resulta obligatorio en rutas y autopistas durante todo el día, junto con condiciones específicas para el traslado de menores.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos puede derivar en sanciones económicas y, en algunos casos, en la retención del vehículo.
Cómo consultar y pagar infracciones
El gobierno bonaerense dispone de una plataforma digital para consultar actas mediante patente o DNI. El sistema permite ver el detalle de cada infracción y realizar el pago online.
El portal también informa el estado administrativo de cada acta y permite descargar comprobantes para regularizar la situación.
Descuentos, sanciones y consecuencias
El esquema contempla un descuento del 50% sobre el valor mínimo si el pago se realiza dentro del período voluntario.
La falta de pago suma intereses y puede derivar en la retención de la licencia, la imposibilidad de renovación y acciones judiciales.
Las infracciones impagas también pueden bloquear trámites vinculados al vehículo, como transferencias o renovaciones de documentación.
Las infracciones no solo implican multas económicas: también afectan el sistema de puntos de la licencia de conducir. Las faltas graves restan puntaje y, en caso de acumulación, pueden derivar en la suspensión o inhabilitación para manejar.
Los controles se realizan a través de operativos presenciales y sistemas automáticos como radares y fotomultas, que registran infracciones sin intervención directa de agentes. Estos dispositivos se utilizan principalmente para detectar excesos de velocidad, cruces indebidos y otras faltas en rutas y zonas urbanas.
Plazos legales
Las infracciones leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco años, según la legislación vigente. Ese plazo corre desde la fecha de la falta y puede interrumpirse ante instancias administrativas o judiciales.
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