La primera ley de Presupuesto de la gestión de Javier Milei ya muestra señales de tensión: en el primer trimestre del año se ejecutó más gasto del previsto, lo que reduce el margen para sostener las cuentas y abre la puerta a una posible ampliación para el 2026. 

Entre enero y marzo, la ejecución alcanzó el 23,1% del total, un porcentaje que supera con creces el promedio de 16,7% de la última década. El defasaje se explica en gran parte porque el Presupuesto fue elaborado en base a una inflación del 10,1% para todo el año, una previsión que fue desbordada y que incluso puede ser superada antes de que termine abril.

El camino que le queda al Gobierno es el de ampliar tanto las estimaciones de ingresos como las autorizaciones de gastos por medio de una nueva ley o un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), de acuerdo con el análisis que al respecto formuló la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Una práctica habitual

Las ampliaciones de los presupuestos se tornó una práctica habitual en las últimas décadas, debido a una subestimación tanto de los recursos como de los gastos, además de la implementación de varias prórrogas dispuestas por el Poder Ejecutivo, como ocurrió en 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025.

Pero para el Presupuesto 2026 se esperaba un cambio en esa tendencia, a raíz de la atención que la administración libertaria le puso desde un principio a la ortodoxia fiscal y, en el caso específico de la ley vigente, al compromiso de no incurrir en déficit financiero.

La dinámica del gasto

Con lo matices de cada gobierno, la ejecución presupuestaria suele tener un incremento sobre el final de cada ejercicio, para que las jurisdicciones no cierren con un elevado nivel de subejecución, así como en junio y diciembre, meses en los que el gasto suele elevarse por el pago de aguinaldos a los empleados públicos y, principalmente, a más de 7 millones de jubilados y pensionados.

Es por eso que, a pesar de representar el 25% del período anual, en el primer trimestre la ejecución se ubica generalmente en torno al 16,7%, tal como surge del promedio de la última década.

Los antecedentes

El relevamiento de ASAP indica que dentro de ese promedio los primeros trimestres que tuvieron los niveles más elevados de ejecución fueron el de 2025 (19,5%) y 2017 (18,6%).

En el primer caso, la sobrejecución podría justificarse por tratarse de una segunda prórroga consecutiva de una ley de Presupuesto elaborada para ser ejecutada en 2023 por otro gobierno, como fue el del expresidente Alberto Fernández.

Ese condicionamiento ya no tiene validez para 2026, con una ley de Presupuesto diseñada por la misma administración que lo ejecuta.

Los números del Presupuesto

La ley de Presupuesto 2026 estimó recursos totales por $148.295.762.681.598, así como estableció una autorización de gastos totales por $148.069.293.526.549, de lo que surge un superávit financiero de $226.469.155.049.

 La decisión administrativa 1/2026 detalló la distribución del Presupuesto de la Administración Nacional, sin introducir modificaciones en las partidas originalmente previstas en el proyecto de ley presentado el 15 de septiembre de 2025 en el Congreso.

En lo que va del año sólo hubo una modificación presupuestaria mediante la D.A. 2/2026, en la que no se alteró el resultado financiero y compensando gastos corrientes y gastos de capital.

Las opciones del Gobierno

El margen con el que cuenta el Gobierno para ajustar el gasto de manera de evitar una ampliación presupuestaria es escaso, debido a que el grueso de las erogaciones está indexado, como es el caso del sector previsional, actualizado todos los meses por la movilidad jubilatoria.

Con una inflación que se prevé que por lo menos duplicará el 10,1%, la ampliación presupuestaria se presenta casi como inevitable, lo que plantea la posibilidad de llevarla a cabo por medio de una ley o un DNU.

La ampliación por ley cuenta con un antecedente cercano (en 2021), pero se dio en el marco de un oficialismo que contaba con mayoría en ambas cámaras legislativas, algo que no sucede en la actualidad.

En la mayoría de los casos, las ampliaciones se realizaron con DNUs, con las críticas de las oposiciones de turno, que objetaron la subestimación de recursos y gastos de los respectivos oficialismos para elaborar los proyectos de ley.

En vistas al desborde de la ejecución presupuestaria en el primer trimestre, ese escenario tiene altas probabilidades de repetirse en 2026.