El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó dos nuevos préstamos para la Argentina por un total de USD 1.200 millones, que apuntan a financiar reformas estructurales exigidas como condición para el desembolso. El paquete se inscribe en la “Estrategia País 2025-2028” y forma parte de los USD 10.000 millones de asistencia financiera anunciados en abril junto al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El primero de los créditos, autorizado por el decreto 490/2025, corresponde a USD 800 millones destinados al “Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II”. Según informó el BID, los fondos servirán para “apoyar reformas tributarias” que busquen mayor equidad y eficiencia, a partir de la reducción de impuestos distorsivos y la eliminación de exenciones y deducciones.

También se financiarán medidas para reducir el costo del cumplimiento tributario a través de la simplificación de las declaraciones del IVA y del impuesto a las Ganancias. En paralelo, el crédito se orienta a “mejorar la eficiencia del gasto público”, con énfasis en una “asignación más precisa de los subsidios a los servicios públicos”, especialmente en los sectores de energía y agua. El programa incluye además metas de transparencia presupuestaria, nuevas pautas para asistencia social y mejoras en las relaciones fiscales entre niveles de gobierno.

El segundo préstamo, establecido en el decreto 488/2025, asciende a USD 400 millones y está dirigido al “Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad”. Según el BID, estos fondos serán utilizados para reducir los costos de cumplimiento regulatorio de las empresas, impulsar privatizaciones y agilizar el comercio exterior.

Entre las medidas previstas, se menciona la derogación o modificación de al menos 700 regulaciones consideradas obsoletas y el desarrollo de una plataforma digital para denunciar obstáculos burocráticos. El BID espera que esa herramienta reciba más de 12.000 reportes para 2027.

En cuanto al impacto previsto, el organismo multilateral señaló que “las reformas orientadas al entorno empresarial beneficiarán a aproximadamente 500.000 empresas en toda la Argentina” y permitirán “abrir mercados previamente liderados por empresas estatales”. Además, se apunta a mejorar los procedimientos comerciales para unos 24.000 importadores y 9.500 exportadores, con procesos “más rápidos y transparentes”.

Ambos préstamos se otorgan bajo la modalidad de préstamos programáticos basados en políticas (PBP), con un plazo de 20 años, un período de gracia de 5 años y medio, y una tasa de interés variable ajustada según la Tasa de Financiamiento Garantizada a un Día (SOFR).

Mientras tanto, el Gobierno espera destrabar en los próximos días el tramo de USD 2.000 millones pendiente del paquete mayor de USD 20.000 millones aprobado en abril por el Directorio del Fondo Monetario Internacional.