En pocas horas, el Gobierno argentino recibió dos fallos adversos vinculados con demandas que tramitan en un juzgado en Nueva York y que impactan en la empresa YPF. 

Tras ordenar la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal a los beneficiarios del fallo por la expropiación de 2012, la magistrada también dispuso que el país transfiera sus acciones de YPF al fondo buitre Bainbridge, como parte de pago por una sentencia relacionada con deuda soberana en default por USD 95 millones más intereses.

Según explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, esta última decisión responde a una causa separada que el fondo Bainbridge mantiene contra Argentina.

Ambas resoluciones fueron emitidas en el marco de la dirección de la Justicia neoyorkina para que se cobren los fallos contra el país, tras el incumplimiento de la sentencia principal por la expropiación de YPF, que asciende a USD 16.100 millones.

 

  Las opciones para Argentina

En un mensaje en redes sociales, el presidente Javier Milei descargó insultos y responsabilidad en el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense. Pero tambén anticipó que el Estado argntino va a apelar la sentencia de Preska.

“Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, escribió Milei en X. 

Según informe de Matías Cattaruzzi de AdCap, el gobierno argentino enfrenta tres caminos: 

cumplir el fallo y ceder el control efectivo de YPF

apelar y tratar de obtener una suspensión antes del plazo límite 

iniciar negociaciones directas con los acreedores

El Gobierno parece optar por la vía de la apelación, que puede abrir un paréntesis para evitar la ejecución del fallo y no pareció nunca haberse inclinado por el inicio de conversaciones con los tenedores de los fallos judiciales, "incluyendo a los titulares de warrants en el Reino Unido, quienes ya han solicitado a la justicia estadounidense el reconocimiento de sus sentencias para embargar futuras emisiones externas del país, recordó Cattaruzzi en el informe.

El cumplimiento del fallo, en tanto, importaría un perjuicio para la empresa con la cesión de acciones y la posibilidad de que fueran vendidas rápidamente para monetizar, ya que el fondo no participaría del negocio.