Los líderes de la Unión Europea llegarán este jueves a la última cumbre del año con una urgencia compartida, aunque sin consensos cerrados: cómo garantizar el financiamiento de Ucrania en plena negociación de paz, un punto que además plantea diferencias sobre el uso de activos rusos congelados para respaldar un eventual "préstamo de reparación" de hasta 90.000 millones de euros que permita sostener el gobierno de Kiev.

En ese contexto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, viajará a Bruselas para reunirse con los mandatarios europeos, a la espera de definiciones concretas sobre la asistencia financiera. La cita se produce en un momento delicado, marcado por las conversaciones diplomáticas en curso y por la creciente presión fiscal sobre los Estados que integran la UE.

La atención de la cumbre está especialmente puesta en Bélgica, país que alberga la sede de Euroclear, la entidad depositaria que custodia la gran mayoría de los activos rusos inmovilizados. El gobierno belga mantiene su negativa para avanzar con el plan impulsado por la Comisión Europea, al advertir sobre los riesgos tanto legales como financieros que asumiría ante los posibles reclamos de Rusia.

En los días previos a la cumbre se intensificaron los contactos diplomáticos para destrabar el bloqueo. El primer ministro belga, Bart de Wever, mantuvo el viernes una cena de trabajo con el canciller alemán, Friedrich Merz, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que se abordó la base jurídica del mecanismo propuesto por el Ejecutivo comunitario.

Según señalaron distintas fuentes diplomáticas, la iniciativa que impulsa la Comisión Europea incluye "numerosas salvaguardias" para que los riesgos asumidos por Bélgica sean "lo más pequeños posible". "Desde el punto de vista político, ahora le corresponde al gobierno belga ceder", plantearon las fuentes al describir el complejo escenario que enfrentarán los líderes.

El plan comunitario contempla un mecanismo de liquidez para responder con rapidez ante eventuales demandas judiciales de Rusia. Sin embargo, Bruselas choca con la posición de Bélgica, que insiste con explorar alternativas "más seguras y transparentes" y respalda la opción de emitir deuda conjunta para financiar un préstamo a Ucrania. A esta postura se sumaron Italia, Malta, Bulgaria y la República Checa.

Bélgica sostiene que incluso un riesgo residual debería ser mutualizado entre todos los Estados miembros, reclama que el esquema abarque la totalidad de los activos rusos inmovilizados y exige una cobertura ilimitada en lo que respecta tanto al monto como a la duración. La propuesta de la Comisión Europea, en cambio, se limita a los aproximadamente 210.000 millones de euros en activos congelados dentro del continente y descarta implementar garantías "infinitas", ya que las considera inviables.