La Unión Europea ( UE) obligará a las grandes corporaciones a publicar los beneficios que obtienen y los impuestos que pagan país por país.

Así lo acordaron el Parlamento Europeo y el Consejo (la institución que representa a los Veintisiete estados miembro), como una forma de exigir mayor transparencia a las grandes multinacionales, según fuentes parlamentarias. Bruselas ve esta normativa, que obligará a las empresas a dar cuentas de su actividad en los paraísos fiscales, como un gran salto para rastrear posibles elusiones de impuestos, informó el diario español El País. 

El bloque quiere aprovechar los vientos de cola que intentan imponer un nuevo orden fiscal. Esos aires llegan de Washington, pero también del interior de la UE, donde los gobiernos necesitan disponer de todos los recursos a su alcance para encarar la recuperación económica post pandemia de coronavirus.

Las grandes corporaciones deberán detallar en sus cuentas un informe sobre su presencia en cada país, con una breve descripción de su actividad, el número de empleados, el volumen neto de negocios, los beneficios o pérdidas antes de impuestos, los tributos devengados y pagados al fisco y los beneficios acumulados.

"Es un gran paso hacia una mayor transparencia de las grandes corporaciones en la Unión Europea y en todo el mundo", afirmó el economista de la Paris School of Economics y el European Tax Observatory, Gabriel Zucman, quien consideró que se trata de una medida "esencial" para controlar la evasión fiscal. 

Alcanzados

La medida afectará a las multinacionales cuya facturación sea de más de 750 millones de euros durante más de dos ejercicios consecutivos, y que deberán desgranar no solo su actividad y tributación en los países de la UE, sino también en los Estados que están en la lista negra de paraísos fiscales –entre los que están Panamá o las Islas Vírgenes, entre otros— y los que lleven dos años o más en la "lista gris" de posibles paraísos fiscales.

La medida salió adelante con algunas concesiones del Parlamento Europeo, que tuvo que aceptar una cláusula de salvaguardia de cinco años para que la empresa deje de reportar su actividad en un territorio en caso de que crea que esa información puede afectar a su competitividad. A cambio, se votó una cláusula de revisión sobre la normativa dentro de cuatro años. 

La Comisión Europea formuló su propuesta inicial en abril de 2016, después de que se publicaran los llamados Panamá Papers. El acuerdo alcanzado por la Eurocámara y el Consejo deberá ser respaldado por los comités de Asuntos Económicos y Monetarios y Justicia, primero, y votado en pleno después. El Consejo deberá avalarlo también.