FedEx presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump para reclamar la devolución de  no me spoilees  que pagó bajo el esquema comercial conocido como "Día de la Liberación" y se convirtió en la primera gran empresa estadounidense en hacerlo tras el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales esos gravámenes.

La acción judicial se radicó ante el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU y solicita un "reembolso total" de los derechos abonados en aplicación de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), la norma que la administración Trump utilizó para fijar tarifas a importaciones provenientes de "casi todos los países extranjeros".

El argumento de la empresa

En su presentación, FedEx sostuvo que debió afrontar esos aranceles en su carácter de importador registrado y también por operaciones realizadas en nombre de sus clientes. El escrito judicial plantea que los demandantes buscan "para sí mismos un reembolso completo de todos los derechos IEEPA pagados a Estados Unidos".

La compañía afirmó además que adoptó "las medidas necesarias para proteger los derechos de la empresa como importador registrado para solicitar devoluciones de derechos" ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La Corte Suprema determinó que las impugnaciones a los aranceles dictados bajo la IEEPA caen "dentro de la jurisdicción exclusiva" del Tribunal de Comercio Internacional, lo que habilita a ese fuero a ordenar compensaciones y reintegros.

Un fallo que abrió la puerta a reclamos millonarios

El máximo tribunal invalidó los aranceles por seis votos contra tres.
En su disidencia, el juez Brett Kavanaugh advirtió sobre "consecuencias prácticas graves en el corto plazo" y señaló que la devolución de miles de millones de dólares podría generar un proceso "caótico" para el Tesoro estadounidense, ya que el fallo no definió cómo deberían realizarse los reintegros.

Estimaciones citadas en el debate político en Washington indican que la recaudación adicional generada por esos aranceles alcanzó al menos USD 130.000 millones.

El senador demócrata Ed Markey afirmó que esos "impuestos arancelarios ilegales" costaron a pequeñas empresas, consumidores y familias cerca de USD 135.000 millones y reclamó su devolución inmediata.

Incertidumbre sobre quién recibirá el dinero

FedEx no precisó el monto que reclama ni si trasladará eventuales reembolsos a sus clientes, que habían absorbido el costo de los gravámenes. La empresa indicó que todavía "no se ha establecido un proceso de devolución" y que comunicará cualquier novedad cuando exista un mecanismo definido.

El fallo judicial no incluyó instrucciones sobre la restitución de los fondos, lo que dejó abierto un frente de litigios que podría extenderse durante años, según declaraciones públicas posteriores del propio Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Reacción política y nuevas iniciativas

En paralelo, senadores demócratas presentaron un proyecto de ley que obligaría a la administración a devolver la totalidad de los ingresos obtenidos por los aranceles anulados en un plazo de 180 días y con intereses.

La iniciativa asigna a la CBP la supervisión de los pagos y establece prioridad para las pequeñas empresas, aunque no está claro si logrará respaldo suficiente en el Congreso.

Antes del fallo que anuló los aranceles, cientos de compañías -entre ellas Revlon, Alcoa, Bumble Bee y Costco- ya habían iniciado acciones judiciales para impugnar la legalidad de las tarifas, anticipándose a un eventual escenario de devoluciones.

Un nuevo esquema arancelario en marcha

Tras la decisión de la Corte, Trump firmó una proclamación basada en otra norma, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que impuso un arancel temporal del 10% a bienes provenientes de todos los países.

El presidente anunció luego su intención de elevar esa tasa al 15%, en un intento de sostener su política comercial por una vía legal alternativa.