La idea de la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos para que el Estado capitalice acciones de las empresas a las que le pagó salarios a través del programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) recoge apoyos dentro del oficialismo pero también un categórico rechazo un sector empresarial, mientras que la oposición presentó un proyecto en el Congreso para frenar cualquier iniciativa al respecto.

El domingo pasado, Vallejos planteó que "sería razonable" que el Estado obtenga una participación en las empresas a cambio de asistirlas en el marco de la pandemia. Concretamente, el Gobierno instrumentó el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, por el cual pagó el 50% de los salarios privados de abril, con un máximo de dos salarios mínimos por trabajador. 

Luego, la diputada aclaró que su idea abarca a los grandes grupos empresarios "que cotizan en el mercado bursátil" y no a las pymes.

Aunque la idea no fue respaldada aún por el presidente, Alberto Fernández, sí recibió el apoyo de otros miembros del gabinete y mereció el rechazo de la oposición.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, consideró que la iniciativa es "interesante", ya que “es un tema que se está discutiendo a nivel mundial”.

También respaldó la iniciativa el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien señaló que "se necesitan más recursos y el Estado tiene que participar", al tiempo que aclaró que “se necesita un Estado que no ahogue al sector privado sino que lo promueva, inclusive que sea socio de los beneficios, no desde el lucro, sino desde la reinversión privada".

En el ámbito parlamentario, el senador kirchnernista Oscar Parrilli apoyó la propuesta al recordar que "en Europa están analizando estas posibilidades” como “una manera de que el Estado recomponga, mantenga o salve empresas que frente a la crisis del coronavirus están cerca de la quiebra".

También respaldó la iniciativa el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, quien afirmó que la idea "merece ser debatida, porque muchas de esas empresas tienen participación estatal hoy”.“¿Es tan loco pensar que esas grandes empresas, que tienen una incidencia en la vida de los argentinos, amerite que el Estado tenga una presencia y una participación en las decisiones que se toman?”.

Junto con Vallejos, Heller es también uno de los impulsores del proyecto de instrumentar un impuesto por única vez a las grandes riquezas personales, que fue respaldado por el Presidente pero que aún no tiene fecha de tratamiento en la Cámara Baja.

El presidente del Partido Justicialista y diputado oficialista José Luis Gioja, afirmó que “a lo que está exponiendo Fernanda Vallejos hay que darle contenido, hay que avanzar en eso. Se está haciendo en todo el mundo”.

Según expresaron cerca de Vallejos, la propuesta "tiene sustento en medidas de salvataje que se instrumentaron antes y ahora en Estados Unidos y Europa, para rescatar a las empresas a cambio de una participación accionaria del Estado".

Además, señalaron que "es de público conocimiento que el propio Estado argentino posee participación accionaria en muchas de las grandes empresas" como "Telecom Argentina S.A., EDENOR, Banco Macro S.A., Grupo Financiero Galicia S.A. y Molinos Río de La Plata" y que "lo mismo ocurre con Estados de otras partes del mundo que son accionistas de empresas emblemáticas", ejemplificando que "Alemania es accionista de Volkswagen, Francia de Renault y Air France, Estados Unidos de Chrysler y General Motors, Italia de Finmeccanica, España de Hispasat y el Reino Unido del Lloyds Bank".

Entre los empresarios, la idea fue respaldada por el vicepresidente de la UIA Guillermo Moretti, quien también se mostró a favor de implementar "un salario universal para todos los argentinos".

También apoyaron la iniciativa referentes gremiales como Pablo Moyano, el diputado Hugo Yasky, Pablo Micheli y Daniel Catalano.

Rechazo de la oposición

Al contrario, la propuesta recibió duros cuestionamientos de parte de la oposición y de parte del arco empresarial.

Diputados del ala dura de Juntos por el Cambio presentaron esta semana un proyecto que busca prohibir que el Estado capitalice parte de las empresas a las que asistió, bajo el argumento de que ello atenta contra la propiedad privada. Entre otros, respaldaron el texto Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Luis Petri Alfredo Cornejo y Roxana Reyes.

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich expresó que la idea de la diputada kirchnerista "convierte a la Argentina en la Venezuela de Chávez", algo similar a lo que planteó el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Angel Pichetto.

Entre los empresarios, José Urtubey, dirigente de la UIA, se opuso a la iniciativa al afirmar que sería comparable a obligar a "realizar trabajo forzoso" a quienes cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

También mostró su desacuerdo el vicepresidente de la UIA Daniel Funes de Rioja, quien dijo que se debe diferenciar entre el programa ATP y una operación de capitalización o rescate de empresas como sucedió en otros países. Y que en todo caso esta última debería ser "voluntaria".