El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad cambió el sentido de las políticas públicas destinadas al cierre de brechas de género. Una de las modificaciones fue disolver el programa de Red de Hogares de Protección Integral para mujeres en situación de violencia de género por un plan de fortalecimiento de esos “refugios” y la transformación a Centros Territoriales con una perspectiva distinta. Pero en su primer año, abandonó proyectos de construcción y demoró otros. Además, los gastos del MMGyD no fueron significativos y poco impacto tuvieron en la “construcción de proyectos de vida libres de violencias”.

Las cuentas pendientes y el giro de 180°

"Una mujer en situación de violencia llega a un refugio porque todos los mecanismos del Estado fallaron antes", dice Flavia Centurión, referenta de Las Mirabal de La Plata. Una de las muchas organizaciones que reciben y asisten a personas en situación de violencia de género, que viven de cerca el dolor y que por más manos que ofrezcan, sienten que las herramientas faltan.  

El femicidio es la cara más drástica y el “diario del lunes” para señalar donde hubo violencia de género, pero se llegó tarde. Las familias, los amigos y sobre todo el Estado llegó tarde. 

En Argentina, existen situaciones de violencia en un 30% de las parejas, según indicó la ministra de las Mujeres bonaerense, Estela Díaz. Los femicidios ocurren cada 29 horas y en 2020 hubo 265 hasta la fecha, de acuerdo a un relevamiento de casos mediatizados del Observatorio “Ahora que sí nos ven”.

El vínculo con el agresor es un factor clave: el 43,5% fue cometido por la pareja de la víctima, el 20% de la ex pareja y el 64,5% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la misma. 

La pandemia de coronavirus caló en las desigualdades ya profundizadas por la crisis económica y social. Pero además obligó, durante varios meses, a reubicar las tareas diarias en cuatro paredes. Las actividades de cuidado se intensificaron, sobre todo para las mujeres. Este encierro y temor a la amenaza externa, se sumó a la propia amenaza interna. Creando así, un caldo de cultivo para la agresión .  

En ese punto, cuando la violencia desborda, varias son las que logran cortar la raíz y dejar sus hogares, en muchos casos con sus hijos de la mano. Y cuando lo hacen, la suya ya no es vida sino sobrevida. Allí aparecen los (cuestionados) refugios para mujeres: en la emergencia, como un paso, como un “alivio” por el momento.

¿Qué es un Hogar de Protección Integral (HPI)?

El Plan Nacional de Acción contra las violencias de género de 2017-2019 los define como “refugios” o centros de día de contención para personas en situación de riesgo. Según el nivel (1 o 2) las medidas de seguridad, como por ejemplo, ubicación oculta o limitación de salidas, son mayores.

A diciembre de 2019, de acuerdo a un relevamiento del (ahora disuelto) INAM en el país había repartidos 89 HPI, 20 en la Patagonia, ocho en el NOA, dos en el NEA, siete en CUYO, 11 en la región centro, 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 en el interior de la Provincia y 12 en el Conurbano bonaerense.

La construcción de estos dispositivos fueron prioridad para el ex Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) que funcionó con la titularidad de Fabiana Túñez durante el Gobierno de Mauricio Macri. De hecho, del Presupuesto previsto para el Plan, el 80% iba a estar destinado a ello: $600 de $750 millones. En total, se proyectó la construcción de 36 pero sólo cortó la cinta de nueve, varios de ellos empezados en el período de Cristina Fernández de Kirchner, en Corrientes, Jujuy, Mendoza, Salta, San Luis, Santiago del Estero y 3 en la Provincia de Buenos Aires (Bolívar, Florencio Varela y el Partido de la Costa), según publicó el sitio Chequeado en septiembre de 2018.

Para 2019, el INAM cambió su política por la de “refacción” y “puesta en valor” de los hogares ya existentes e indicó que construiría 3 refugios más, con un presupuesto individual de $13 millones para cada uno. No obstante, ninguno fue terminado: a diciembre de 2019 el de La Plata llegó al 2,9%, el de Quilmes al 2,5% y el de Junín al 68% de ejecución.

Ahora bien, al asumir el Gobierno de Alberto Fernández prometió ser una gestión “feminista” con “perspectiva de género” y elevó la categoría del INAM al flamante Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con Elizabeth Gómez Alcorta a la titularidad.

La dirección de las políticas públicas respecto a los temas relacionados a las desigualdades de los géneros cambió por medidas más integrales. Y sobre los Hogares, la cartera tardó en pronunciarse. En julio de 2020, la ministra de las Mujeres expresó a Télam: "Durante mucho tiempo se pensó en la creación de refugios, y eso implicaba que las mujeres se vayan de sus casas. El refugio es una situación excepcional. Tenemos que pensar en una situación de máximo riesgo, pero hay que trabajar para que el varón agresor se vaya y las mujeres y sus hijos vuelvan a sus casas", subrayó.

Luego, en agosto, el Ministerio disolvió por decreto el programa de la “Red Nacional de Hogares de Protección Integral para Mujeres en situación de Violencia”  formado en la gestión de Cambiemos y lo reemplazó por el programa de fortalecimiento para dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género. El eje central es la “refacción, ampliación y equipamiento” de los HPI.

Uno de los hogares para mujeres de la Ciudad de Buenos Aires

Las buenas intenciones del Gobierno actual

El nuevo plan que apunta “mejorar la calidad de vida de personas en contexto de violencia por motivos de género” en vez de la creación de “dispositivos que actúan de modo transitorio como lugares de asistencia, protección y seguridad” a los que acudía el Gobierno de Mauricio Macri, tiene como fecha de inicio tácita el 2021. Pero durante un 2020 particular y frágil por las consecuencias que la pandemia trajo, el Gobierno actual no se ocupó de terminar los tres proyectos en marcha en La Plata, Junín y Quilmes que se adeudan desde la gestión de Cambiemos.

Según pudo constatar este medio con fuentes de la capital bonaerense y el MMGyD, el HPI platense fue olvidado en aquel rezagado 2,9%. “La obra se había iniciado en mayo del 2019, y se avanzó la ejecución pero al depender directamente de la Nación, se paralizó con el cambio de Gobierno. Hay un principio de acuerdo con el área de Gabriel Katopodis (Ministerio de Obras Públicas) para continuarla”, aseguraron desde el área de género que conduce Carolina Píparo en La Plata.

En tanto, en Junín donde la obra estaba más avanzada (un 68%), el dispositivo si fue terminado en lo que respecta a la construcción, pero aún espera los fondos de Nación para equipamiento. De acuerdo a fuentes de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad del partido bonaerense, se aguarda por el pago de $839.531,32 para el equipamiento con camas, cunas, mesas de luz, sillones y utensillos de cocina, pero  “no se sabe cuándo van a llegar” y la inauguración aún no tiene fecha.

El caso de Quilmes es diferente. Los últimos datos del Gobierno de Macri aseguraban que la obra avanzó hasta el 2,5% pero fuentes de la Secretaría de Género del municipio del Conurbano indicaron que el proyecto continuó hasta el 28% pero que los últimos pagos de Nación se efectuaron en agosto de 2019. 

Y si bien esta construcción también estuvo quieta durante todo el año y no tiene aún fecha de reinicio, la gestión de Fernández en conjunto con el gobierno local de Mayra Mendoza tiene otros planes: donde se iba a inaugurar un refugio ahora será el Centro Territorial de Protección Integral “Isabel Pallamay”, el primero en el país.

En agosto se hizo la presentación y así se refería Mendoza al proyecto: “Hemos encontrado una obra abandonada por la gestión anterior, que se anunció y comenzó en la campaña electoral hace dos años, pero que luego quedó paralizada. Por eso desde el primer día de nuestra gestión trabajamos para poder terminar esta obra y refuncionalizar ese espacio. Necesitábamos un dispositivo territorial que funcione como centro de atención para mujeres y diversidades, que nos permita abordar de manera integral las distintas situaciones que se presenten basándonos en la prevención, la asistencia, la protección y el acceso a la justicia”.

En la misma línea, la secretaria de Género de Quilmes, Sofía Tomé, advirtió en diálogo con BAE Negocios que “la política de los HPI ha quedado caduca” ya que estos lugares “no hacen más que revictimizar” a la mujer que huye de la casa donde está su agresor. 

“La mujer ha sufrido muchos traumas y no es justo que se tenga que ir de su hogar y que su agresor se quede”, consideró. En esta nota operadoras de refugios de Buenos Aires contaron cómo es el duro día a día de las mujeres que acuden a los hogares y cuál es su situación cuando salen. 

Desde el MMGyD indicaron que “no se llegaron a hacer refacciones durante el 2020 porque recién ahora van a empezar a recibir la transferencia de fondos”. Además, se actualizó la lista de los ahora llamados Centros Territoriales: en total hay 168 de los cuales, 20 dependen de gobiernos provinciales, 120 de municipales y 28 pertenecen a organizaciones no gubernamentales.

En el Presupuesto 2021 el área de Mujeres, Géneros y Diversidad tiene prevista la asistencia de 60 instituciones con un gasto de $17.671.198.000, entre el financiamiento de obras de refacción, equipamiento y ampliación de hogares, refugios, como la creación de Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad en todo el país. También se encuentra prevista la inversión para modernización del servicio de la Línea 144 y la transferencia monetaria a través del Programa Acompañar a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia y vulnerabilidad económica.

Subejecución y poco impacto

“Volveremos y seremos mujeres, mejores”, fue el furcio que lanzó el presidente Alberto Fernández al ganar las Elecciones 2019 y poco después, ocupar el Sillón de Rivadavia. El enfoque de género en sus políticas es una de las prioridades inscriptas en la plataforma de gobierno del Frente de Todos y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad una de las promesas cumplidas de campaña.

Sin embargo, el papel central que se le dio al área que conduce Elizabeth Gómez Alcorta no se condice con lo gastado para que las personas puedan “tener un proyecto de vida libre de violencias”. A diciembre, el MMGyD ejecutó sólo el 62,34% del monto total asignado y es la cartera con menor utilización del presupuesto.

Tal como ya había publicado BAE Negocios, más de la mitad de lo utilizado corresponde a “gastos de personal” (los sueldos de las personas que trabajan en el Ministerio), un 54,23%. En tanto, las transferencias de dinero que hace el ministerio a los sujetos sociales que alcanza, sólo representa 24,9% de lo que efectivamente se ejecutó este año. Otros gastos son servicios no personales, bienes de uso y bienes de consumo, que representan un porcentaje mucho menor.

Entonces, ¿en qué políticas contra la violencia de género invirtió? En Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer, Géneros y Diversidad, que representó 21,78% de los gastos ejecutados; Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género ocupó 22,52%; Actividades Centrales, 20,84%; Formulación de Políticas de Igualdad y Diversidad, 30,10%; y Acciones de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, 5,7 por ciento.

Pasada la mitad del año y en medio de una crisis económica profundizada por el impacto de la pandemia, la cartera que encabeza Gómez Alcorta lanzó el Programa Acompañar que consta de una ayuda económica para personas en situación de violencia por un monto equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM). Pero este plan, el más importante en términos de Presupuesto para el 2021, justamente no se aplicó durante el 2020, sino que comenzará a entregarse el año que viene.

Según estimó el propio Ministerio, el programa demandará una inversión de $4.496.800.000 y se asistirá a al menos 92.000 personas. Es la medida más específica, por ahora, que buscará la autonomía económica de mujeres y diversidades, un aspecto clave para mejorar la calidad y la libertad de las personas que fueron violentadas.

En la misma línea, las víctimas de trata y de violencia de género que atraviesen una situación de grave vulnerabilidad tendrán facilitado el acceso al Programa Potenciar Trabajo, tiene como objetivo "contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa", con la idea de avanzar hacia una "inclusión social plena", según describió el Ministerio de Desarrollo Social.

Se trata de una contraprestación igual a la mitad del SMVyM con su participación en proyectos socio-productivos, laborales o comunitarios, o terminando sus estudios primarios o secundarios. Pero al igual que el Acompañar, es un plan que, si bien está en marcha porque unificó los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios que ya tenían beneficiarios, todavía no abrió la inscripción para estos dos grupos específicos vulnerados.

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