Con una tasa de mercado del 51% y en celeridad judicial considerable, el Gobierno logró hacer efectiva la decisión de embargar al sindicato de Camioneros (Sichoca), por el no acatamiento a una conciliación obligatoria en 2017. El monto base de $810 millones, más intereses por 266.930.023, determinó que la sanción llegue a los $1.052 millones. El juez laboral José Ignacio Ramonet trabó el embargo preventivo horas después que el ministerio de Trabajo a cargo de Jorge Triaca solicitara tal diligencia. Hugo Moyano y sus hijos Pablo y el letrado Hugo Antonio (h) lejos de cruzarse de brazos decretaron el estado de alerta y movilización desde el gremio y en lo jurídico articularon la contraofensiva. "Llamaremos a la comisión directiva para analizar los pasos a seguir", remarcaron. Por la senda legal acudirán a la cámara del Trabajo para exigir la suspensión de la medida. Daniel Llermanos, abogado también del Sichoca, precisó ante la consulta de BAE Negocios: "Nos llamó poderosamente la atención la velocidad de gestión en tribunales". Además infirió hasta un posible "tráfico de influencias", reflexionando incluso que la secuencia de hechos "constituye un firme intento por disciplinar a las organizaciones sindicales, no solo de Camioneros por parte de la administración Cambiemos".

Ramonet libró oficios al Banco Provincia, Banco Nación, al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y al Banco Macro a fin de que "traben la medida". Las consideraciones "off the record" en el Gobierno oscilaban desde la ironía ("no sabemos si tienen esa plata") hacia otro extremo ("para Camioneros esa suma es un vuelto"). Hugo Moyano (h) le detalló al diario Crónica que "el embargo se puede sustituir con bienes, lo cual no quiere decir que queden bloqueadas las cuentas". De todas maneras confirmó que pedirán "una medida cautelar a la cámara laboral para que suspenda el embargo", consideración que también refrendó Llermanos. Ambos abogados se reunieron para establecer estrategias y respuestas. Incluso en sus dichos a este medio subrayaron su "sorpresa" ya que "la feria judicial se abrió el lunes. Ahí nos notificaron el rechazo de la apelación y en 24 horas una medida política que tomó carácter nacional; un juez que maneja los principios del trabajo toma una decisión de esta naturaleza". "Quizá vamos a tener algo más para investigar", destacó.

"Es aberrante desde lo jurídico", remarcó Llermanos "porque la multa se calculó en base a la cantidad de afiliados, pero la Federación no tiene afiliados; equivale a sancionar a la AFA en lugar que un club. Los afiliados son de cada una de las seccionales, son del Sindicato de Camioneros provincia de Santa Fe, del Sindicato de Camioneros provincia Buenos Aires y así. La Federación solo tiene empleados", planteó el abogado.

Pablo Moyano lamentó haber "anticipado hace tiempo que este Gobierno va contra el dinero de los trabajadores". "Estamos armando una gran movilización. Vienen a intervenir los gremios. Nos quieren asustar, doblegar". Y en una saga de pulseadas impensandas en 2015 cuando Camioneros y el oficialismo tenían buena relación, todavía está pendiente una sanción similar por otra conciliación no acatada por los Moyano en el mes de junio.