A días de la aparición de una solicitada pidiendo por la liberación del ex vicepresidente Amado Boudou, un grupo de dirigentes políticos, funcionarios del gobierno nacional y militantes sociales, dieron a conocer ayer una carta abierta en la que denuncian la "persecución política, judicial y mediática" contra Milagro Sala por parte del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, y en la que además, reclaman la libertad de la dirigente social, a días de que cumplan los cinco años desde su detención. 

El texto, que lleva como título, "Por una democracia sin presas y presos políticos. Libertad a Milagro Sala", advierte que este 16 de enero "se cumplen 5 años de la detención arbitraria" de la líder de la Tupac Amaru y "desde entonces hasta hoy continúa detenida, en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros y compañeras de su organización ".

"Nos proponemos: dar a conocer el proceso ilegítimo de detención y persecución de la organización que Milagro lidera, denunciar ante la Justicia la vulneración a los derechos humanos y civiles, exigir el justo proceso y la libertad de Milagro y las compañeras detenidas y abrazar de solidaridad a quienes durante todos estos años fueron criminalizados por su compromiso con el pueblo pobre", refiere la carta abierta.

Denuncian además, que "la persecución política, judicial y mediática a la que es sometida" Sala y sus compañeros de la organización social, "tiene una autoría intelectual política y judicial clara: Gerardo Morales y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy".

Entre los firmantes figuran varios funcionarios del gobierno nacional, entre ellos el ministro Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), Horacio Pietragalla (Secretario de Derechos Humanos), Cristina Caamaño (Interventora de la AFI),  María Laura Garrigós (Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios) y las asesoras presidenciales, Dora Barrancos y Adriana Puiggrós.

En otro párrafo, afirman que las persecuciones judiciales tienen como objetivo "diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda y construir presupuestos participativos en la materia". 

Sla "está presa por ser mujer, negra y luchadora", advierte la misiva que también fue firmada por Paula Español (Secretaria de Comercio Interior), Gabriela Torres (Titular del Sedronar), Juliana di Tulio (Directora del Banco Provincia), Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes), el diputado Eduardo Valdés, el dirigente social Juan Grabois, el sacerdote Fracisco "Paco" Oliveira y el dirigente de derechos humanos José Schulman (Liga Argentina por los Derechos Humanos), entre otros.

Desde hace tiempo, un sector importante del Frente de Todos viene denunciando la existencia de presos políticos en el país y exigiendo su liberación, lo que choca de frente con la posición asumida por el presidente Alberto Fernández, quien además de negar esa situación, se muestra contrario a la posibilidad de otorgar indultos, pese a reconocer la existencia del lawfare (guerra judicial) en Argentina y en parte de la región, lo que genera tensión hacia el interior de la alianza gobernante.

"Hice campaña diciendo que no iba a dictar indultos y lo voy a cumplir", señaló Fernández hace unos días a un matutino porteño, y advirtió que "hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución. No es mi idea".

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