El fiscal federal Ramiro González imputó hoy a los ex jefes de la AFI durante la gestión Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad, informaron a la agencia Télam fuentes judiciales.

El fiscal imputó también al ex titular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia, y le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que disponga una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación.

Entre las primeras medidas, González solicitó que se realice una tasación del armamento cuestionado y que se le consulte a la Agencia Nacional de Materiales Controlados si los organismos estatales están facultados a comercializar sus armas entre sus funcionarios y agentes.

Ambos habían sido citados hoy a indagatoria por la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria, en 2018, y sobre el domicilio de la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Arribas y Majdalani fueron denunciados por la interventora de la  Agencia Federal de Inteligencia (  AFI), Cristina Caamaño, que también denunció al ex presidente Mauricio Macri por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad.

En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por el ex titular de la  AFI, Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, supuestamente "carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico". Estas resoluciones abrieron la puerta a la venta a precio "irrisorio" a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas "aptas para el disparo y utilización".

Los 73 agentes que compraron las armas pagaron precios que no alcanzarían "el 20 por ciento del valor real de un arma usada en el mercado formal", según la denuncia, en la que se subraya que se vendieron "armas de colección que no se consiguen en el mercado" como revólveres Ruger y Colt Trooper. El Ruger “tenía la leyenda que decía ‘200 años de la libertad de América’”, destacó la presentación de Caamaño.

La causa de espionaje ilegal

Este miércoles, además, Gustavo Arribas pidió que le quiten la causa por supuesto espionaje ilegal al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y pase a competencia de la justicia Federal de Capital Federal.

En la causa que investiga Augé, el exespía Alan Ruiz fue procesado sin prisión preventiva y con prohibición de salir del país, sindicado como el jefe operativo de la banda que realizó las tareas bajo el falso argumento -según los investigadores- de que ambos domicilios podían ser eventuales blancos de ataques terroristas, una causa que estaba radicada en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena, quien poco después y por esta causa debió excusarse de intervenir en este expediente.

Según la acusación de Augé y de la fiscal Cecilia Incardona, Arribas presentó notas en el Congreso en las que intentó ocultar esa maniobra de espionaje ilegal, al asegurar que esas tareas de inteligencia habían sido habilitados por orden judicial.

Esta causa se inició por una denuncia presentada por la interventora de la  AFI, Cristina Caamaño, quien entre otros elementos relató que ese organismo, durante la gestión Cambiemos adquirió el Earthwatch, un software basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite, y que se pudo haber utilizado para fines ilegales.

“Se utilizó desde finales de octubre de 2018 hasta finales de octubre de 2019, sin ningún tipo de control judicial, y durante todo el período previo a las elecciones nacionales del año 2019”, se indicó en la denuncia.