La Justicia decidió poner en el foco en el mundo de los negocios: después de la declaración en indagatoria del banquero Jorge Brito por la ruta del dinero en el caso Ciccone, el fiscal Franco Picardi sacudió esta tarde los tribunales federales al pedirle al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que dicte embargos por unos 300 millones de pesos para empresarios como Ángelo Calcaterra –primo del presidente Mauricio Macri-, los responsables de Odebrechet y el lobista Jorge “Corcho” Rodríguez y los ex funcionarios kirchneristas presos Ricardo Jaime y José López, entre otros.

Se trata de la mega causa que investiga los sobornos en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El pedido de Picardo es una respuesta directa a un fallo dictado el 6 de noviembre por la Sala II de la Cámara Federal para que el juez De Giorgi instando a “una actividad eficaz en miras a contestar interrogantes suficientes a fin de avanzar en el proceso, como también que evalúe la adopción de medidas cautelares de distinta índole que correspondan”. Y la antesala a un llamado a indagatoria en los próximos días para todos los mencionados, dijeron a este diario fuentes judiciales.

El resto de los pedidos de embargo solicitados por el fiscal
El resto de los pedidos de embargo solicitados por el fiscal

Si el juez hace lugar a los embargos y los protagonistas no los cumplen, se podrá dictar una inhibición de bienes, señalaron las fuentes judiciales a este diario. Lo que es claro, añadieron, es que con este dictamen el fiscal Picardi consideró acreditado que existió el pago de sobornos por 300 millones de pesos para direccionar la licitación para la obra ferroviaria.

Un dato significativo es que, además de estas medidas, el fiscal ordenó que el curso de la investigación no frene las obras: “su progreso, continuidad y productividad en modo alguno puede, de momento, ser obstaculizada por las medidas judiciales en trato” porque “toda obra de esas características propende al bien común y a la mejora de la calidad de vida cotidiana tanto de los usuarios del servicio público ferroviario en concreto, como de los usuarios de los pasos a nivel, barreras y prestaciones vinculadas”.

La causa se inició el año pasado con una denuncia de la ahora diputada electa Graciela Ocaña contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su asesor Manuel Vázquez porque habría pedido una coima de 80 mil dólares a la constructora brasileña Odebrecht. Pero el escandalo creció cuando esa firma reconoció en Estados Unidos haber pagado sobornos en distintos países de Latinoamérica, como una práctica común, para garantizarse negocios: habló de 35 millones dólares destinados a funcionarios de la ex presidenta Cristina Fernández entre 2007 y 2014.