La discusión por la reforma de la Ley de Tierras volvió a sumar tensión política. Mientras el Gobierno intenta reunir los votos para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la CGT y distintos sectores de la Iglesia redoblaron las críticas y advirtieron que la iniciativa pone en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales del país.

Después de tres intentos frustrados para tratar el proyecto en el Senado, el oficialismo mantiene negociaciones para introducir cambios que faciliten su aprobación. La próxima reunión de Labor Parlamentaria, prevista para el miércoles, será determinante para definir si finalmente la iniciativa llega al recinto el 16 de julio.

La advertencia de la CGT

La Confederación General del Trabajo publicó una serie de documentos en los que cuestionó el capítulo que modifica la Ley de Tierras y elimina las restricciones para que extranjeros adquieran tierras rurales en la Argentina.

Actualmente, la legislación establece un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras tanto a nivel nacional como en cada provincia y municipio. El proyecto elimina esos topes territoriales y flexibiliza las condiciones para las adquisiciones.

"Lo que está en juego es la tierra, el agua, los ríos y los recursos naturales, que son la base de cualquier proyecto de desarrollo, producción y trabajo. Sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica", sostuvo la central sindical.

La CGT también apuntó contra la concentración económica internacional y cuestionó la posibilidad de que grandes empresarios amplíen su presencia en la Argentina.

"En un mundo donde la riqueza se concentra cada vez más en manos de unos pocos tecnomagnates, eliminar esa restricción significa entregar soberanía a quienes buscan apropiarse de minerales estratégicos, tierras cultivables, energía y agua", afirmó el documento.

Como ejemplo mencionó el caso del empresario británico Joe Lewis y el conflicto por el acceso al Lago Escondido.

"Hoy los argentinos enfrentamos obstáculos para acceder al Lago Escondido. Ese conflicto representa apenas una muestra de lo que podría multiplicarse si este proyecto se convierte en ley", advirtió.

La central sindical cerró su mensaje con un llamado directo a los senadores.

"A pocos días de conmemorarse el Día de la Independencia, hacemos un llamado urgente a las senadoras y los senadores porque la Argentina no se vende", concluyó.

La postura de la Iglesia

Las críticas de la CGT coinciden con el pronunciamiento que días atrás difundieron la Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).

Las organizaciones eclesiásticas señalaron que la reforma "atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse".

Además cuestionaron otro de los puntos incluidos en el proyecto: la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

La iniciativa elimina la prohibición que impedía durante 30 años realizar desarrollos inmobiliarios o modificar el uso de tierras afectadas por incendios.

Para las entidades religiosas, esa modificación también resulta preocupante.

"Este proyecto debilita la potestad del Estado para proteger el interés comunitario frente a intereses privados. La tierra no es una mercancía ni un simple recurso económico", remarcaron.

Qué cambia el proyecto

El texto impulsado por el Gobierno obtuvo dictamen en mayo, aunque nunca logró llegar al recinto por falta de votos.

En las negociaciones posteriores ya se introdujeron modificaciones para otorgar mayor participación a los gobernadores.

Según el borrador más reciente, la compra de tierras rurales por parte de extranjeros requerirá una solicitud expresa del gobierno provincial correspondiente y la autorización del Poder Ejecutivo nacional.

El mismo mecanismo regirá para empresas con participación estatal extranjera y para operaciones en zonas de frontera.

En tanto, una de las alternativas que todavía analiza el oficialismo consiste en mantener prohibida la compra de tierras por parte de Estados extranjeros.

La reunión clave del miércoles

El oficialismo pretende tratar el proyecto el próximo 16 de julio, pero todavía necesita cerrar acuerdos con distintos bloques dialoguistas.

Por ese motivo, la reunión de Labor Parlamentaria convocada para el miércoles aparece como el último paso antes de definir el texto definitivo que llegará al recinto.

La discusión también quedó atravesada por la crisis política que generó el caso Manuel Adorni, situación que obligó al Gobierno a postergar el tratamiento en tres oportunidades.

Cuánta tierra está hoy en manos extranjeras

De acuerdo con el Registro Nacional de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia, actualizado a agosto de 2025, ninguna provincia supera actualmente el límite del 15% establecido por la legislación vigente.

Las jurisdicciones con mayor porcentaje de tierras rurales en manos extranjeras son:

• Salta: 11,3%.
• Misiones: 11,29%.
• San Juan: 10,36%.

Sin embargo, más de 30 departamentos ya superan ese porcentaje.

Entre los casos más destacados aparecen Campana, en la provincia de Buenos Aires, con el 50,27%; General Lamadrid, en La Rioja, con el 56,7%; Lácar, en Neuquén, con el 54,17%; y los departamentos salteños de San Carlos (59,82%) y Molinos (57,79%).

Según especialistas, esos porcentajes ya existían antes de la sanción de la Ley de Tierras en 2011, por lo que quedaron contemplados como situaciones previas a la normativa.