La Oficina Anticorrupción (OA) reclamó este martes una condena de ocho años y seis meses de prisión para el detenido empresario Lázaro Báez como coautor del delito de lavado de dinero y miembro de una banda integrada para comisión continuada de hechos de esta naturaleza. Además, el organismo solicitó penas para los hijos de Báez, su contador y su abogado.

En el marco de los alegatos del juicio oral por la causa denominada "Ruta del dinero K", retomado este martes por videoconferencia, la OA aseguró que los acusados son "personas instruidas" que "aprovecharon su sapiencia y experiencia para contribuir al quiebre de la ley", en el marco de los hechos ocurridos entre 2010 y 2013, período en el cual se estima que se llevaron a cabo maniobras de lavado de dinero por más de 50 millones de dólares. 

Es por esto que el organismo que conduce Felix Crous solicitó que los cuatro hijos de Báez sean condenados a prisión: pidió ocho años de cárcel para el también detenido hijo mayor, Martín; cinco años para Leandro y cuatro años para Melina y Luciana. El pedido de penas fue muy similar al que hicieron meses atrás la Unidad de Información Financiera (UIF), que reclamó 9 años para Lázaro Báez, y la AFIP, que propuso ocho años.

En el final de su alegato, la OA también pidió penas para el contador de Báez, Daniel Perez Gadín, (7 años y seis meses), para su abogado Jorge Chueco (7 años y seis meses), mientras que para el mediático Fabián Rossi, involucrado en las maniobras investigadas, pidió 6 años y 6 meses de prisión, igual que para el financista Federico Elaskar, dueño de la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita", a través de la cual se realizaron las maniobras de lavado.

Para Federico Elaskar, dueño de "La Rosadita", pidieron seis años y medio de prisión

En relación al valijero arrepentido Leandro Fariña, la OA solicitó una pena de 3 años de prisión y destacó que sus "aportes han sido corroborados con otros medios probatorios" a la vez que puso como ejemplo que sus dichos sirvieron para probar el "nexo entre Lázaro Báez y la financiera SGI".

El juicio oral había quedado suspendido a partir de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, dictadas por el Gobierno nacional frente al avance de la pandemia de Coronavirus. A partir de ahora, el juicio tendrá una frecuencia de dos días por semana, luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal reprendiera al TOF 2 y le pidiera que acelerara el proceso.

Hasta ahora se venía llevando a cabo una sola audiencia por semana y el proceso ya está por cumplir dos años. Se trata de la etapa final del juicio, ya que sólo restan el alegato de la Oficina Anticorrupción, el de la Fiscalía, a cargo de Abel Córdoba, y el turno de todas las defensas.

El dueño de "Austral Construcciones", todavía detenido en el penal de Ezeiza, aunque podría pasar a prisión domiciliaria si logra reunir la millonaria caución que le fijó el tribunal, se negó a presenciar la audiencia desde la cárcel de Ezeiza por videoconferencia.

En un alegato, la OA también pidió al Tribunal Oral Federal 4 el decomiso definitivo del dinero que está retenido en cuentas bancarias en paraísos fiscales, así como de aquellos bienes muebles e inmuebles embargados, los que no serán de propiedad del Estado hasta tanto no exista una condena firme ratificada por última instancia.

La reanudación del juicio oral

A las 9.45, quince minutos después de lo previsto y cuando ya estaban conectados a la plataforma "Zoom" casi todos los convocados, el juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, reinició el debate con la continuación del alegato final por parte de la querellante Oficina Anticorrupción.

En los momentos previos, hubo que solucionar problemas técnicos mientras un secretario del Tribunal admitía a cada participante para ingresar a la "sala" virtual.

Costabel informó que desde la cárcel de Ezeiza dieron cuenta de la negativa de Báez y de su hijo mayor Martín, también detenido, a ser trasladados a la sala de videoconferencia en la que se preveía seguirían el debate.

Los que sí estuvieron presentes, conectados desde sus casas en Río Gallegos, fueron otros dos de los cuatro hijos, Melina y Leandro Báez.

Dos de los hijos de Báez se negaron a estar en la videoconferencia

Báez, sus hijos y otros acusados como Elaskar, Fariña, el contador Perez Gadin y el abogado Chueco son juzgados por supuestas maniobras de lavado de dinero con fondos ilícitos, que se supone provinieron de la obra pública nacional en Santa Cruz.

La semana pasada, el Tribunal concedió la excarcelación al empresario detenido desde 2016 pero fijó una fianza de 633 millones de pesos que todavía no fue pagada, por lo cual sigue detenido ya que los jueces rechazaron un planteo para concederle prisión domiciliaria, mientras se discute el monto de la caución en instancias de apelación.

Los argumentos de la OA

En marzo, cuando había iniciado su alegato, la OA aludió a etapas en una "maniobra de corrupción" forjada desde el grupo de empresas de Báez que se constituyó desde "Austral Construcciones", inscripta en el 2003 con un capital social de 12.000 pesos y tres socios, entre ellos Lázaro Báez.

Hacia 2008, la empresa "quedó completamente en el ámbito de la familia Báez", remarcó la OA , para luego señalar que Báez "trabó vínculo de amistad con (el expresidente) Néstor Kirchner, que trascendió la esfera personal" y que "compartieron entre ellos diferentes negocios" según surge de otras causas penales incorporadas como prueba al juicio, remarcó la querella.

Para la OA, en la obra pública adjudicada en Santa Cruz a las empresas de Báez, "hubo competencia simulada, concurso de precios simulado y vulneración de principios de competencia".

Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción

A la hora de referirse a maniobras de lavado de ese dinero proveniente de un delito previo, la OA sostuvo que la financiera SGI, conocida como "la Rosadita", con oficinas en el barrio porteño de Puerto Madero, fue "el centro de operaciones de una gran maniobra de lavado, fue la fachada".

SGI recibía los fondos de Austral Construcciones desde Río Gallegos, "hacía recepción, guarda y custodia del dinero para luego ser remitido al exterior por otras entidades de las que era nexo".

En audiencias anteriores, se escucharon los alegatos de la AFIP y la Unidad de Información Financiera, también querellantes en el caso y, luego de la OA, está previsto que exponga el fiscal de juicio, Abel Córdoba.

El proceso contra Báez fue el primer gran juicio por corrupción que se reactivó, puesto que todos los demás están paralizados porque el Consejo de la Magistratura no brindó la tecnología necesaria para realizarlos de forma virtual para minimizar los riesgos de contagio de coronavirus.

Báez apeló el rechazo a su arresto domiciliario

Este martes, Báez apeló el rechazo a su arresto domiciliario ante la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que le ratificaran la caución de 632 millones de pesos.

Los abogados del dueño de Austral Construcciones reclaman la reducción del monto de la caución que le fijaron como condición para tener la prisión domiciliaria, beneficio que le fue otorgado, pero que no se hizo efectivo ante el no pago de esa suma.

La domiciliaria fue otorgada en la causa conocida como M&P por presunto lavado de dinero y a raíz que lleva cuatro años y medio con prisión preventiva, cuando la ley no permite más de tres.

La fianza que debe abonar Lázaro Báez para obtener prisión domiciliaria es, según sus abogados, "imposible de pagar"

Previamente, Báez había obtenido el cambio en las condiciones de detención en otra causa también por presunto lavado de dinero a raíz de la compra de un campo en Uruguay conocido como "El Entrevero" y la excarcelación en la causa conocida como "la Ruta del dinero K".

Ante la presentación de los abogados del empresario, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal debe definir la caución que debe pagar Báez o bien si se le concede directamente la prisión domiciliaria.

Se trata del mismo tribunal que semanas atrás favoreció al empresario al revocar una decisión del tribunal que le había negado el arresto domiciliario solicitado.