El fiscal general de la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, presentó una nota para retirar formalmente el pedido que hicieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para que se anule la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y trasladarla a una cárcel común del sistema penitenciario federal. 

La Cámara Federal de Casación Penal es el máximo tribunal federal de Argentina, por debajo únicamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su función principal, al igual que la casación en general, es garantizar la correcta aplicación e interpretación de la ley.

Villar argumentó que hay suficientes controles para supervisar el comportamiento de Cristina Kirchner durante el cumplimiento de la condena, pero sí aseguró que la expresidenta debería cambiar de domicilio por “no aportar mayores garantías”. Entre ellas, las numerosas salidas al balcón que, “aun con derecho a hacerlo, incrementa el riesgo”. 

Según el fiscal, la sustitución del domicilio particular por "un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución, por lo que creo desaconsejable imponer en este momento un cambio que redunde en desmedro del desarrollo personal de la condenada y su proyecto de vida”.

Sobre la tobillera electrónica, Villar aseguró que Fernández de Kirchner debe usarla para mantener el dispositivo de geolocalización hasta que se desarrollen informes que la eximan de esa obligación. “Ningún juez en Argentina puede autorizar el retiro de la tobillera sin esos reportes previos que exige la ley”, aclaró.

El documento fue presentado el mismo día en el que se desarrolla la audiencia para debatir los requisitos de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña se encuentran esta tarde con los fiscales Luciani y Mola, y con la defensa de la expresidenta.