La Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal federal, rechazó los planteos presentados por Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la causa Vialidad, que buscaban suspender la ejecución patrimonial vinculada a la sentencia firme por corrupción.

La decisión fue adoptada por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes confirmaron el decomiso de 111 activos identificados por la fiscalía para cubrir el monto fijado como perjuicio económico.

La cifra total a ejecutar asciende a $684.990 millones, considerada por la Justicia como el daño ocasionado al Estado por la maniobra defraudatoria con la obra pública vial en Santa Cruz.

La resolución: decomiso firme y ejecución patrimonial

El fallo confirmó lo resuelto por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que el 18 de noviembre del año pasado había firmado la resolución para hacer efectivo el decomiso.

Sin embargo, las defensas apelaron esa medida, lo que mantuvo suspendida la ejecución hasta que resolviera Casación.

Ahora, con el rechazo de los recursos, la Cámara dejó firme la orden de decomisar los bienes para avanzar con la ejecución real del patrimonio de los condenados.

El criterio central: se pueden decomisar bienes heredados o transferidos

La Sala IV respaldó un criterio clave para la ejecución de sentencias por corrupción: "Los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados".

El fallo sostuvo que, en delitos complejos y extendidos en el tiempo, no es necesario demostrar que un bien específico proviene directamente del delito, sino que alcanza con una vinculación económica razonable con el incremento patrimonial generado por la maniobra.

En ese sentido, los jueces afirmaron que: "Exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso".

También señalaron que la exigencia de reconstrucción contable total "no tiene sustento legal" y desconoce el funcionamiento de los delitos económicos complejos, donde el dinero ilegal suele mezclarse y transformarse.

Los bienes alcanzados: Kirchner y Báez, bajo la lupa

El decomiso confirmado incluye bienes de todos los condenados en la causa, con foco en:

• 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner, incluyendo un inmueble a nombre de Cristina Kirchner y 19 propiedades heredadas o transferidas a Máximo y Florencia Kirchner.
• Más de 80 bienes de Lázaro Báez, además de activos de empresas utilizadas en el esquema defraudatorio, como Austral Construcciones y firmas satélites.

Según el fallo, la maniobra acreditada fue un esquema prolongado con:
"resultado patrimonial único, vinculado al direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz y a un entramado económico que generó ganancias para Lázaro Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner".

Disidencia parcial: Borinsky cuestionó decomisar bienes de Máximo y Florencia

La decisión contó con una disidencia parcial del juez Mariano Borinsky, quien consideró que no correspondía decomisar bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner.

Borinsky sostuvo que no estaba suficientemente probado que esos activos provinieran del delito y propuso excluirlos del decomiso.

Sin embargo, el criterio mayoritario de Hornos y Barroetaveña se impuso, por lo que el decomiso se mantiene sobre esos bienes.

Qué sigue: los bienes serán tasados y ejecutados

Con esta resolución, Casación allanó el camino para que se avance con la ejecución patrimonial efectiva de los activos decomisados.

Según el fallo, el objetivo del decomiso es evitar que: "el delito comprobado rinda beneficios", y neutralizar el efecto económico del delito como forma de reparación del daño social.

En la próxima etapa, los bienes serán tasados y posteriormente ejecutados para cubrir el monto fijado por la sentencia firme.

Cuando se avance con la ejecución, las propiedades decomisadas quedarán bajo control judicial y pasarán a la órbita correspondiente para concretar la recuperación de activos derivados de corrupción.