La defensa del expresidente Alberto Fernández apeló el procesamiento dictado en su contra en la causa conocida como “Seguros” y reclamó a la Cámara Federal porteña que dicte la falta de mérito, mientras se profundiza la investigación y se ordenan nuevas medidas de prueba. Está acusado de administración fraudulenta y de hacer negociaciones incompatibles con la función pública.

Según la denuncia presentada, Fernández habría obligado a organismos públicos a contratar seguros a través de Nación Seguros, pero con la intervención de brokers privados que cobraban grandes comisiones. Uno de ellos es Héctor Martínez Sosa, marido de su ex secretaria privada María Cantero.

La apelación fue hecha por la abogada de Fernández, Mariana Barbitta, luego de que el juez federal Sebastián Casanello dispusiera su procesamiento el viernes pasado por presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

Según argumentó la defensa, Fernández fue procesado por hechos sobre los cuales nunca se le tomó declaración indagatoria, y por “conductas novedosas” de las que no habría tenido oportunidad de defenderse, indicaron fuentes judiciales vinculadas a la causa.

El procesamiento se fundó, según la defensa, en “una plataforma fáctica y jurídica” respecto de la cual el expresidente no había sido indagado, motivo por el cual reclamaron la falta de mérito como resolución intermedia mientras la instrucción continúa. Entre las “conductas novedosas” que la defensa señaló, figura la acusación de haber creado un cargo de secretaria privada para María Cantero, esposa Martínez Sosa, ambos también procesados en este expediente.

También se le imputa a Fernández el supuesto armado de “una oficina que pasó a ser asiento de un grupo empresarial del cual él mismo habría participado”, otra de las líneas de investigación que derivaron en el reciente procesamiento.

Para la defensa, resulta de “gravedad institucional y democrática” que se procese a un expresidente basándose en lo que califican como “una investigación periodística” y sin contar, aseguran, con una pesquisa judicial “seria, amplia y objetiva”.

En el escrito presentado ante la Cámara Federal, la defensa calificó la situación como una “persecución infundada” y dejó planteada la expectativa de que el Tribunal de Apelaciones revierta la decisión de Casanello y ordene medidas que permitan esclarecer los hechos bajo investigación.