El expresidente Alberto Fernández amplió este jueves su declaración indagatoria en la causa Seguros y rechazó las acusaciones en su contra por supuesta defraudación. Durante dos horas, respondió preguntas del juez federal Sebastián Casanello, de la fiscalía y de su defensa. A la salida, su abogada Mariana Barbitta aseguró: “Explicó que no tiene ninguna relación con la imputación y que se trata de una imputación genérica”.

Fernández está acusado de haber intervenido en un esquema de contrataciones con Nación Seguros que, según la denuncia, habría beneficiado a determinados intermediarios. Uno de ellos fue Héctor “Hecky” Martínez Sosa, broker vinculado al expresidente por una relación comercial de larga data: entre 2010 y 2019, Fernández le facturó más de $4,2 millones, según un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

En su nueva presentación, Fernández aseguró que esas facturas correspondían a informes sobre coyuntura política y económica que elaboraba para diversos clientes. “Martínez Sosa no era el único”, dijo, y mencionó otras empresas y dos sindicatos. La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de asumir la presidencia.

Fernández también defendió el decreto 823, dictado durante su gestión, que puso fin al sistema de coaseguro y centralizó las pólizas en Nación Seguros. Aseguró que se trató de una medida legal enmarcada en una política pública y que no menciona a brokers ni autoriza intermediaciones. En noviembre de 2024, ya había declarado por esta causa ante el entonces juez Julián Ercolini, aunque aquella vez se limitó a presentar un escrito y responder solo preguntas de su abogada.

Sobre los beneficios a intermediarios, Fernández insistió en que “no genera una erogación del erario público” y remarcó que se habían limitado las comisiones al 10 por ciento por decisión interna de Nación Seguros. También intentó despegarse del sector: “Si usted pregunta a cualquiera de seguros quién fue el mayor enemigo de Alberto Fernández como superintendente, le va a contestar los productores de seguros”, sostuvo en aquella indagatoria.

Además, pidió que el juez Casanello cite como testigos a varios exfuncionarios de su gestión, entre ellos Vilma Ibarra, Miguel Pesce, Martín Guzmán y Santiago Cafiero. También se refirió directamente a su vínculo con Martínez Sosa y negó haberlo favorecido desde el Estado.

La causa, que investiga contrataciones de seguros durante el gobierno anterior, involucra a 51 personas y empresas. Esta semana, la Cámara Federal porteña revocó la inhibición general de bienes sobre todos ellos, al considerar que ya pasaron más de seis meses desde las indagatorias sin que se resolviera la situación procesal. “La decisión adoptada carece de la debida fundamentación”, escribió el juez Martín Irurzun. Su colega Eduardo Farah coincidió: “Tampoco han surgido ni se invocan circunstancias que indiquen desplazamientos u ocultaciones de bienes”. El voto en disidencia fue del juez Roberto Boico.

El expediente cambió de juez en febrero, cuando venció la subrogancia de Ercolini. Desde entonces, Casanello revisó toda la documentación y abrió nuevas líneas de investigación. Una de ellas apunta a Daniel “El Gordo” Rodríguez, ex jefe de la residencia de Olivos y persona de confianza del expresidente. En abril, el magistrado ordenó levantar su secreto fiscal y pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un informe patrimonial completo desde 2015.

Uno de los elementos clave en la causa es el informe de la PROCELAC, presentado en mayo. El documento de 662 páginas detalla que Héctor Martínez Sosa S.A. le efectuó retenciones a Fernández en concepto de “locación de obra y servicios” y como “síndico o director de sociedad anónima”.

La resolución sobre la situación procesal de Alberto Fernández y los demás imputados quedó ahora en manos del juez Casanello. Mientras tanto, el expediente suma declaraciones y medidas de prueba.