La causa $LIBRA entró en una nueva disputa procesal, pero con impacto directo sobre la investigación. Los cinco inversores que denunciaron haber sido afectados por el lanzamiento y desplome de la memecoin difundida por el presidente Javier Milei apelaron la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que los apartó como querellantes y, en los hechos, dejó el expediente sin acusadores particulares.

Los recursos quedaron ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ese tribunal deberá definir si confirma la exclusión de los damnificados o si les devuelve un lugar en el expediente, desde donde hasta ahora pudieron pedir medidas de prueba, discutir embargos y empujar la hipótesis de que detrás del derrumbe de $LIBRA hubo una estafa, una lectura que el juez puso en duda.

El planteo que desplazó a los inversores

La decisión de Martínez de Giorgi hizo lugar a un pedido de la defensa de Mauricio Novelli, empresario cripto con llegada a Javier y Karina Milei y uno de los principales investigados en la causa. Para Novelli, no hubo una estafa alrededor de $LIBRA, sino una operación en un mercado de riesgo que terminó mal.

"No se cumple la secuencia típica exigida por el Código Penal para hablar de una estafa (ardid, error, disposición patrimonial o perjuicio), ya que los querellantes no son 'particulares ofendidos' por un delito, sino inversores en un mercado de riesgo", sostuvo su abogado en una presentación de fines de junio.

El juez hizo lugar a ese planteo. En su resolución, ponderó que $LIBRA era una memecoin, un activo digital de alta volatilidad, y que las pérdidas económicas podían vincularse con los riesgos propios de ese mercado antes que con un delito. También cuestionó que los denunciantes no hubieran acreditado de manera suficiente la titularidad de las billeteras virtuales usadas para comprar los tokens.

Martínez de Giorgi agregó otro argumento: una parte de la investigación apunta a determinar si desde la Secretaría General de la Presidencia se facilitaron reuniones en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos con los desarrolladores de $LIBRA a cambio de dádivas o sobornos. Para el juez, esos delitos afectan a la administración pública, pero no generan un perjuicio directo, especial o singular sobre el patrimonio de los inversores.

"Arbitraria" y "a espaldas del expediente"

La respuesta más dura llegó de Martín Romeo, uno de los inversores desplazados, que apeló con el patrocinio del abogado Nicolás Oszust. En su presentación, calificó la resolución como "arbitraria" y sostuvo que el juez tomó una decisión a partir de un planteo "extemporáneo" de Novelli, pese a que, según su recurso, la legitimación de las víctimas ya había sido reconocida por la Cámara.

"El magistrado confunde deliberadamente el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado. Esto no fue 'solo una memecoin con riesgo' ni su desplome dependió de las 'condiciones del mercado'", acusó Romeo.

Según su apelación, el colapso de $LIBRA no obedeció a la volatilidad propia de ese tipo de activos digitales, sino a una maniobra planificada para beneficiar a quienes contaban con información privilegiada antes de la difusión pública del proyecto. En esa línea, el recurso habló de un presunto esquema de "insider trading", "tráfico de influencias", "infiltración de la Comisión Nacional de Valores" y de la "instrumentación de la figura del Presidente de la Nación como garante máximo de confianza", a la que definió como un "lavado de prestigio".

Romeo también rechazó el estándar probatorio que usó Martínez de Giorgi para apartarlo. Según el recurso, el juez ignoró actas notariales incorporadas al expediente, donde una escribana certificó la titularidad de su teléfono celular, el acceso a sus billeteras Phantom y Lemon, y las operaciones de compra y venta de $LIBRA.

"Esta afirmación es rotundamente falsa y demuestra que el juez ha resuelto a espaldas del expediente", sostuvo Oszust, en respuesta a la idea de que los damnificados solo aportaron enlaces de internet para justificar su condición de víctimas.

La blockchain como prueba, no como obstáculo

Otro eje de la apelación de Romeo apunta al modo en que el juez interpretó la tecnología blockchain. Para el inversor, Martínez de Giorgi fijó exigencias incompatibles con el funcionamiento descentralizado de los criptoactivos y con la etapa inicial de una causa penal.

"El magistrado ignora deliberadamente que la tecnología blockchain, lejos de ser un obstáculo, aporta una trazabilidad matemática, pública y exacta", sostuvo el escrito. Y agregó que el supuesto "pseudoanonimato" de la red quedó unido a la identidad de Romeo a través de las actas notariales incorporadas al expediente.

El planteo también cuestionó que el juez exigiera documentación sobre el origen de los fondos invertidos para admitir a las víctimas como querellantes. Para la defensa de Romeo, el ordenamiento legal no impone a quien denuncia un delito contra la propiedad la obligación de auditar su patrimonio como requisito previo para acceder a la Justicia.

"Pretender una 'documentación respaldatoria' centralizada en un ecosistema que, por su propia naturaleza, es descentralizado, constituye un rigorismo formal extremo y un desconocimiento técnico alarmante", sostuvo la apelación.

La otra querella apuntó contra Taiano

Los otros cuatro inversores apartados -Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris y Braian Emanuel Quintero- apelaron con la representación del abogado Nicolás Rechanik y el patrocinio del dirigente social Juan Grabois. También cuestionaron la resolución de Martínez de Giorgi y sostuvieron que su legitimación ya había sido reconocida por la Justicia.

Esa querella fue más allá y apuntó contra el trabajo del fiscal Eduardo Taiano, al que calificó como "cuando menos pasivo" durante tramos relevantes de la investigación. Según esa presentación, el fiscal consintió el levantamiento de embargos y la reducción de cautelares a montos "irrisorios" frente a los USD 44,5 millones que, de acuerdo con los denunciantes, habrían sido sustraídos.

Los inversores representados por Rechanik afirmaron que la prueba reunida en la causa, incluidos peritajes oficiales e informes de organismos especializados en cibercrimen, documenta una maniobra coordinada que excede la fluctuación normal de un activo financiero. También señalaron que existió acceso privilegiado a información reservada sobre el lanzamiento del token, lo que habría permitido a un grupo de billeteras realizar operaciones millonarias segundos antes de que Milei difundiera el proyecto en su cuenta de X.

La querella pidió, además, que Martínez de Giorgi se abstenga de ejecutar la expulsión si antes necesita producir nuevas medidas de prueba vinculadas con la condición de víctimas de los denunciantes.

La Cámara define el lugar de las víctimas

Los apelantes remarcaron que su intervención resultó clave para el avance de la causa. Según sus presentaciones, la Cámara ya corrigió antes el criterio para calcular los embargos sobre los imputados y ordenó contemplar al universo total de damnificados, no solo a quienes se presentaron en el expediente.

Romeo, por su parte, dejó planteada la cuestión federal y reservó la posibilidad de acudir a la Corte Suprema en caso de un fallo adverso. Su argumento es que la resolución vulnera el derecho de acceso a la jurisdicción y al debido proceso.

La discusión quedó ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal. Llorens, Bruglia y Bertuzzi deberán resolver si los inversores vuelven al expediente o si la investigación por el escándalo $LIBRA continúa sin querellantes particulares y bajo la única órbita del fiscal Taiano.