El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno trabaja en un proyecto para implementar en la Argentina un mecanismo de "shutdown" del Poder Ejecutivo, similar al que funciona en Estados Unidos cuando el Congreso no aprueba el financiamiento del Estado. La iniciativa busca impedir que la administración continúe ejecutando gastos una vez agotadas las partidas presupuestarias autorizadas.

El anuncio se produjo durante una entrevista en la que también anticipó cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y ratificó su decisión de avanzar hacia una mayor disciplina fiscal.

"Cuando se agota el presupuesto, se apaga el Estado"

Al explicar el funcionamiento del proyecto, Milei sostuvo que el objetivo es impedir que el Gobierno continúe gastando cuando ya no existan recursos autorizados.

"Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política", afirmó.

Luego agregó: "Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado".

Consultado sobre si la iniciativa será enviada al Congreso mediante un proyecto de ley, respondió de manera afirmativa: "Sí, estamos trabajando en ello".

La propuesta forma parte de la estrategia oficial para establecer reglas fiscales más estrictas y limitar la discrecionalidad en el manejo del gasto público.

La reforma del Banco Central

Durante la misma entrevista, el Presidente también anticipó avances en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Según explicó, el Gobierno ya cuenta con una versión unificada del proyecto y buscará modificar profundamente el funcionamiento de la autoridad monetaria.

Milei cuestionó que el Banco Central tenga actualmente "cinco objetivos" de política económica y calificó ese esquema como "un insulto al intelecto".

Además, ratificó que la iniciativa prohibirá expresamente cualquier forma de financiamiento monetario del déficit fiscal.

"Emitir podría ser penado. Exactamente, porque es una estafa. La estafa y la falsificación de moneda es un delito penal", sostuvo.

El mandatario incluso señaló que parte de esa prohibición podría apoyarse en figuras ya contempladas dentro del Código Penal.

Cómo funciona el shutdown en Estados Unidos

El mecanismo que Milei pretende adaptar tiene como antecedente el sistema vigente en Estados Unidos.

Allí, un government shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo las leyes de presupuesto o una autorización transitoria para financiar el funcionamiento del Estado.

En esos casos, los organismos federales suspenden todas las actividades consideradas no esenciales, mientras continúan funcionando únicamente los servicios críticos, como las fuerzas de seguridad, el control aéreo, la atención de emergencias y otras áreas estratégicas.

Miles de empleados públicos pueden ser suspendidos temporalmente o continuar trabajando sin percibir salarios hasta que el Congreso apruebe una nueva ley de financiamiento.

Los antecedentes durante la presidencia de Trump

El cierre más recordado ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019, durante la primera presidencia de Donald Trump.

La falta de acuerdo con el Congreso por el financiamiento del muro fronterizo con México provocó un cierre parcial del gobierno federal que se extendió durante 35 días.

Según la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense, ese episodio demoró alrededor de USD 18.000 millones en gasto público y generó una pérdida permanente estimada en USD 3.000 millones de actividad económica.

Más recientemente, Estados Unidos atravesó otro shutdown de 43 días entre octubre y noviembre de 2025, considerado el más prolongado de su historia. El cierre afectó el funcionamiento de distintos organismos públicos, demoró vuelos, complicó programas sociales y retrasó el pago de salarios de cientos de miles de empleados federales.

En 2026 también se registró un cierre parcial más breve, de cuatro días, que fue resuelto luego de la aprobación de una nueva ley de financiamiento.

Qué podría cambiar en la Argentina

El esquema vigente en la Argentina difiere sustancialmente del modelo estadounidense.

La Ley de Administración Financiera establece que, si el Congreso no aprueba un nuevo Presupuesto antes del inicio del ejercicio, continúa vigente automáticamente el correspondiente al año anterior con las adecuaciones necesarias.

Por ese motivo, actualmente no existe la posibilidad de una paralización automática de la administración pública por falta de autorización presupuestaria.

La propuesta que analiza el Gobierno apuntaría a impedir que el Poder Ejecutivo continúe comprometiendo o ejecutando gastos una vez agotadas las partidas autorizadas, salvo excepciones para servicios esenciales.

En los hechos, implicaría incorporar una regla de mayor rigidez fiscal destinada a limitar el crecimiento del gasto y reforzar el equilibrio de las cuentas públicas, uno de los principales ejes de la política económica impulsada por la administración de Javier Milei.