El Senado trata este viernes el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa clave del Gobierno que apunta a reformar el Régimen Penal Tributario, el Impuesto a las Ganancias y la relación entre el Estado y los contribuyentes. 

El corazón de la propuesta es simple de explicar, aunque ambiciosa en sus efectos: a partir de ahora, el ciudadano será considerado inocente frente a ARCA hasta que el organismo demuestre lo contrario. No al revés, como ocurre hoy. El objetivo oficial es blanquear dinero sin persecución penal, reducir la litigiosidad y darle previsibilidad a quienes decidan operar dentro del sistema formal.

En términos prácticos, el proyecto busca que personas y empresas que tuvieron ingresos no declarados -muchas veces por la presión impositiva o la inestabilidad económica- puedan usar esos fondos sin temor a causas penales por hechos del pasado. 

Uno de los cambios más relevantes es la actualización de los montos mínimos para que exista delito penal tributario. Hoy, con cifras totalmente desactualizadas por la inflación, se persiguen penalmente conductas de bajo impacto económico. Con la reforma, la evasión simple solo será delito si supera los $100 millones (hoy es $1,5 millones) y la evasión agravada recién a partir de $1.000 millones. Algo similar ocurre con el uso de facturas truchas y los aportes a la Seguridad Social. 

El proyecto también reduce los plazos de prescripción para que ARCA revise declaraciones: pasan de cinco a tres años, siempre que el contribuyente haya presentado sus papeles en tiempo y forma. A cambio, se endurecen las multas por incumplimientos formales. No presentar una declaración jurada ya no será una falta menor: las sanciones suben a $220.000 para personas humanas y $440.000 para sociedades.

En Ganancias, la iniciativa introduce un cambio de fondo con el Impuesto a las Ganancias Simplificado. Se elimina la obligación de justificar el consumo y el patrimonio inicial. Traducido al castellano: el contribuyente ya no tendrá que explicar cómo gastó su plata. Si los bienes que tiene al cierre del año son coherentes con los ingresos declarados, ARCA no puede presumir evasión. El foco pasa de “en qué gastaste” a “qué tenés”.

Este régimen es voluntario, no alcanza a grandes contribuyentes y tiene topes claros. Hasta $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio. ARCA arma una declaración jurada con los datos que ya tiene y el contribuyente solo valida o corrige. Menos formularios, menos sospecha automática.