La sede de la Justicia Nacional del Trabajo se convirtió esta mañana en el epicentro de un fuerte conflicto gremial. Trabajadores del sector, bajo el respaldo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), mantienen ocupado el inmueble de Diagonal Roque Sáenz Peña 760 en rechazo al traspaso de competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La medida de fuerza incluye un paro total de actividades en todo el fuero y responde a la polémica que gira en torno a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, la cual busca delegar funciones nacionales a la órbita porteña, generando una incertidumbre institucional sin precedentes. 

La asamblea de trabajadores, liderada por la conducción de Julio Piumato, decidió profundizar el plan de lucha ante lo que consideran un desmantelamiento sistemático de la justicia especializada. La agenda de protestas se divide en dos etapas críticas:

• Lunes 23: Cese total de actividades con toma del edificio central.
• Martes 24: Movilización nacional a partir de las 11:00 y extenderá la huelga a todas las dependencias del país.

¿Fin del fuero nacional?

El eje de la disputa radica en el artículo 91 del proyecto de reforma. Este apartado ratifica el convenio entre Nación y Ciudad para una transferencia progresiva de la estructura judicial. Los puntos clave del conflicto son:

• Plazos de ejecución: se establece un periodo de 180 días para iniciar la transición de magistrados e infraestructura.

• Seguridad Jurídica: el gremio denuncia que esta medida viola la Constitución Nacional y tratados internacionales, dejando a los trabajadores en un estado de vulnerabilidad procesal.

• Desmantelamiento: según la UEJN, el acuerdo no es una modernización, sino una "entrega" que fragmenta la tutela efectiva de los derechos laborales.

, sentenciaron desde la Comisión Directiva, advirtiendo que los daños al sistema podrían ser "irreparables" si no se frena la normativa.

Mientras el edificio de Diagonal Norte permanece bajo custodia de los asambleístas, la cúpula de la UEJN no descarta judicializar el conflicto. Además de las acciones directas en las calles, los equipos legales del sindicato preparan presentaciones para neutralizar los efectos de la norma, buscando un amparo que detenga el traspaso de competencias de forma inmediata.