La decisión de incorporar el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires como anexo de la ley de reforma laboral encendió una nueva polémica. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se declaró en "estado de máxima alerta" y cuestionó con dureza el avance del proyecto impulsado por La Libertad Avanza (LLA).

El convenio, que aún debe ser aprobado, establece un esquema progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad asuman las causas que se inicien luego de la entrada en vigencia del acuerdo. Los expedientes anteriores seguirán en la órbita nacional hasta completar la doble instancia.

Desde el Gobierno de la Ciudad defendieron la iniciativa y señalaron que permitirá contar con "un servicio de justicia propio, ágil y moderno", con mayor previsibilidad y tiempos más rápidos para resolver conflictos individuales laborales.

El reclamo de los magistrados

En la antesala del debate, la Asociación de Magistrados advirtió sobre "proyectos y acciones dirigidas a instrumentar el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires" y alertó que podría disponerse el "inmediato cierre del fuero laboral", lo que calificó como un intento de "disciplinar a jueces y funcionarios".

La entidad ratificó su histórica oposición a la transferencia de competencias judiciales laborales, postura que sostiene desde hace más de 25 años, y adelantó que analiza "acciones a implementar con la urgencia que el caso amerita" frente a lo que consideró un "nuevo intento de avasallamiento de la justicia nacional".

Además, rechazó "enérgicamente" cualquier medida que avance hacia la disolución del fuero laboral nacional, al entender que generaría un "grave e inadmisible perjuicio" para magistrados, funcionarios y empleados, y que podría afectar derechos de los justiciables y el principio de independencia judicial.

Un debate histórico que vuelve al centro

El traspaso de la Justicia laboral es una discusión abierta desde la reforma constitucional de 1994, que consolidó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En 1995, la Ley 24.588 -conocida como Ley Cafiero- habilitó la firma de convenios para transferir funciones y organismos. Si bien hubo avances en áreas como seguridad y transporte, las competencias laborales permanecieron bajo órbita nacional.

Con la reforma laboral en el centro del debate político y sindical, el conflicto suma ahora un frente judicial que anticipa más tensión en el Congreso y en los tribunales.