La Libertad Avanza buscará alcanzar un acuerdo con los bloques dialoguistas para sesionar el próximo jueves en el Senado y avanzar con tres temas centrales para el Gobierno: el pago a los últimos fondos buitre con litigios abiertos, la reforma sobre propiedad privada y un paquete de 73 pliegos judiciales. 

La convocatoria parecía encaminada hasta la decisión del Gobierno de retirar la candidatura de Verónica Michelli, una medida que complicó las negociaciones y abrió dudas sobre parte del temario previsto para la sesión.

La definición sobre los pliegos judiciales quedará en manos de la reunión de Labor Parlamentaria prevista para el miércoles. Fuentes legislativas admitieron que las conversaciones continuarán hasta último momento para determinar qué expedientes llegarán al recinto.

El pliego que abrió una disputa con aliados 

El foco del conflicto se concentra en la postulación de Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata.

El Gobierno decidió retirar su candidatura. Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investigó el caso Libra y denuncias vinculadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La decisión provocó rechazo entre bloques que habitualmente acompañan iniciativas del oficialismo. El PRO y la Unión Cívica Radical anticiparon que insistirán con la aprobación del pliego.

"Desde el @proargentina sostenemos su postulación", afirmó el jefe del bloque PRO, Martín Goerling.

El senador agregó: "La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones. Frenar el proceso en esta etapa, por motivos que aún se desconocen, genera desprolijidad institucional".

El Senado quedó habilitado para tratar 73 de los 77 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. Además de esa postulación, persisten dudas sobre las candidaturas de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania para el Tribunal Penal Económico, y de Juan Manuel Mejuto para la Cámara Criminal y Correccional porteña.

La Casa Rosada enfrenta además otro problema político. El retiro de una candidatura requiere votación en el recinto y La Libertad Avanza no cuenta por sí sola con los números necesarios para imponer esa decisión.

A eso se suma una disputa administrativa. Aunque la Comisión de Acuerdos reunió mayoría para respaldar esa nominación, el presidente de ese cuerpo, Juan Carlos Pagotto, todavía no presentó el despacho en Mesa de Entradas, requisito indispensable para habilitar el debate. Pagotto responde políticamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al sector referenciado en los hermanos Menem, según fuentes parlamentarias.

Entre quienes respaldaron ese dictamen figuran Goerling, los radicales Carolina Losada, Mariana Juri y Maximiliano Abad; la salteña Flavia Royón; Sandra Mendoza; Beatriz Ávila; Carlos Arce y Carlos Espínola.

Pese al rechazo generado por el caso Michelli, los bloques dialoguistas mantienen respaldo al acuerdo para cerrar los litigios con holdouts y al proyecto de propiedad privada. Las diferencias se concentran en el tratamiento de las designaciones judiciales.

El pago a los holdouts que quedaron fuera de los canjes 

Otro de los expedientes que impulsa el oficialismo apunta a cerrar reclamos judiciales de los últimos holdouts que permanecen fuera de los canjes realizados tras el default de 2001.

El acuerdo alcanzado en tribunales estadounidenses contempla una reducción cercana al 30% sobre los montos reclamados.

Según la iniciativa, el Estado argentino abonará 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y otros 104 millones de dólares al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

La suma total asciende a 171 millones de dólares.

Ambos grupos forman parte del reducido conjunto de acreedores que no ingresó a los canjes de deuda realizados tras el default declarado a fines de 2001.

Los bloques dialoguistas acompañan esta propuesta y no plantearon objeciones de fondo respecto de ese entendimiento.

Tierras, desalojos y manejo del fuego 

La Cámara alta también analizará el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

La propuesta elimina los límites vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque mantiene en manos de cada provincia la facultad para autorizar esas operaciones.

También se modifica el régimen de desalojos. Para los casos de usurpación se aplicará un procedimiento sumarísimo. En cambio, para situaciones vinculadas con falta de pago, el proyecto fija un plazo de diez días para intimar al deudor antes de avanzar con otras medidas.

La iniciativa incorpora cambios en la ley de Manejo del Fuego.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó: "El objetivo de esta ley es buscar un acuerdo entre las propuestas que trajeron distintos expertos y los bloques, salir de una visión centralista y, como se hizo con Glaciares, dejar a las provincias decidir de acuerdo a la realidad y potestad de cada provincia".

Una convocatoria condicionada por la disputa judicial 

Hasta la semana pasada el oficialismo consideraba encaminada la convocatoria para el 4 de junio, pero la disputa por el pliego de Michelli modificó ese escenario.

Mientras existe consenso para debatir el acuerdo con los holdouts y la reforma sobre propiedad privada, las diferencias por el caso Michelli se transformaron en el principal obstáculo para el oficialismo.

La reunión del miércoles definirá el alcance definitivo de la sesión y si el Senado avanza con los proyectos económicos, la reforma sobre propiedad privada y el paquete de designaciones judiciales impulsado por el Poder Ejecutivo.