Martín Migueles llegó este lunes a las 7.30 a Comodoro Py con una defensa escrita ante la causa que lo compromete por presuntas maniobras con SIRA y dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández. Ante el fiscal federal Franco Picardi, el financista admitió una intermediación en permisos de importación, pero negó haber pagado sobornos a funcionarios públicos.

La línea defensiva quedó planteada desde el primer tramo del escrito. Migueles no habló de coimas, sino de una comisión por contactos comerciales. "Las situaciones de intermediación son habituales: alguien quiere comprar un vehículo, lo contacto con un vendedor y me llevo un porcentaje; alguien quiere realizar un trámite, lo contacto con un contador, y solicito una comisión por la referencia; y así pudiera seguir al infinito", sostuvo.

Después fue más directo: "No le pagué a ningún funcionario público". También aseguró que no tuvo contacto directo con la persona que, según las conversaciones bajo análisis, podía resolver los trámites de importación. Su descargo quedó atravesado por la prueba que la fiscalía ya puso bajo la lupa: mensajes, audios y registros extraídos de su celular.

Un descargo para marcar distancia

Migueles se presentó junto con su abogado, Yamil Castro Bianchi, en la fiscalía de Picardi, ubicada en el quinto piso de los tribunales de Retiro. El escrito, de 14 páginas, fue definido por la defensa como un "descargo personal, preliminar y de buena fe respecto de los hechos que se me atribuyen".

El financista reconoció que Ariel Saponara lo consultó por una gestión vinculada a importaciones. "Mi intervención fue de intermediación. No tuve contacto directo con funcionarios públicos ni con la persona que supuestamente podía resolver el trámite, si es que existía", sostuvo.

La explicación buscó encuadrar su participación como una gestión comercial sin alcance penal. "Jamás, intermedio en situaciones que sean contrarias a la Ley", afirmó. Sobre los porcentajes mencionados en los chats, dijo que "eran los que, según me decían terceros, se cobraban para acelerar la realización del trámite".

La fiscalía investiga otra hipótesis: las gestiones vinculadas a permisos de importación habrían servido para acelerar o garantizar autorizaciones SIRA a cambio de pagos indebidos. Los retornos habrían oscilado entre el 10% y el 15% del valor de las importaciones, calculadas en dólares al tipo de cambio oficial o blue.

Los chats, "Pipo" y los nombres pendientes

Uno de los mensajes incorporados a la causa expone la sospecha con crudeza. En una conversación con Migueles, Saponara le escribió: "Martin cómo va. Che tenés algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos. Son autoelevadores y repuestos de las mismas maquinas".

Migueles dijo que su contacto fue Héctor "Pipo" Caputto. "Aclaro expresamente que yo no le pagué a ningún funcionario público. La persona con la que tuve contacto fue ´Pipo´", explicó. También sostuvo que, si Caputto hizo pagos a terceros, eso no estaba bajo su conocimiento directo ni bajo su control.

En las conversaciones aparecen además "Pato" y "La Señora", dos menciones que la justicia busca precisar. Migueles reconoció que conoce a "Pato", a quien dijo haber tratado por un vínculo de exparejas, pero no aportó su nombre. Sobre "La Señora", señaló que era el contacto de Caputto.

La fiscalía pidió que se requiera información a la Secretaría de Comercio, uno de los organismos que intervenía en la aprobación de las SIRA, para identificar a los funcionarios que firmaron las autorizaciones detectadas en la causa.

La pelea por el celular

La prueba digital es el nervio común de la causa. De allí surgen las conversaciones sobre las SIRA, las referencias a contactos bajo apodos y también las menciones vinculadas a las casas de cambio. Migueles ya había sido allanado en la causa contra Elías Piccirillo. En uno de esos procedimientos, entregó su celular y aportó la clave, según consta en la reconstrucción judicial del caso.

El abogado Castro Bianchi apuntó contra el uso del contenido extraído del teléfono atribuido a Migueles. La defensa reclamó "el acceso integral, efectivo y técnicamente controlable a la prueba digital" y pidió verificar "la integridad de la extracción; la autenticidad de los chats; la autenticidad de los audios; la existencia o inexistencia de ediciones; la identificación de los interlocutores; el contexto anterior y posterior de cada conversación".

El planteo también pidió individualizar los actos procesales que autorizaron el secuestro, la extracción forense, la remisión, la incorporación y el uso de esa evidencia. La defensa sostuvo que "un teléfono celular no es un simple documento" porque contiene información personal, profesional, patrimonial y comunicacional, y advirtió que su análisis "no puede transformarse en una búsqueda general, abierta e ilimitada".

La defensa también apuntó contra el origen de la investigación. Sobre el rol del expolicía arrepentido Carlos Smith, advirtió que sus dichos "no pueden ser utilizados como soporte autónomo o suficiente para validar la expansión de una pesquisa". Además, pidió incorporar su declaración completa, el eventual acuerdo de colaboración y las constancias de corroboración de sus aportes.

El expediente más amplio

La causa no se limita a las SIRA. La prueba digital también aparece conectada con presuntas operaciones ilegales de casas de cambio y con un circuito de acceso al dólar oficial para su reventa en el mercado paralelo durante el cepo cambiario. Según consta en el expediente, la investigación alcanza a más de 50 personas y empresas y reconstruye una trama que habría movido al menos USD 900 millones.

En esa línea aparece ARG Exchange S.A., una firma que la investigación vincula con Migueles, Piccirillo y Hauque. Migueles dijo que fue presidente de la compañía y negó irregularidades: aseguró que la sociedad compraba y vendía dólares al por mayor con entidades autorizadas, bajo normas del Banco Central y con documentación respaldatoria. También aparece imputado en otra causa penal vinculada a maniobras de rulo cambiario, a cargo de la jueza federal María Servini.

Autos, relojes y un video en Cancún

Los chats no fueron el único material bajo análisis. En la causa también aparecieron videos y fotos de Migueles con autos de lujo y relojes de primeras marcas. El financista rechazó que esos bienes formen parte de su patrimonio: dijo que los relojes aparecían en videos enviados por otras personas y que los autos pertenecían a terceros, a quienes intentaba conseguir compradores para obtener una comisión o hacer un "revoleo comercial".

Otro registro que Migueles buscó desactivar fue un video en Cancún, dentro de un auto, donde dijo que el dólar en Argentina estaba barato. "Estaba yendo al boliche Coco Bongo con mi hija y dos amigas, había consumido alcohol horas antes, e hice un comentario o filmación sin relevancia real", sostuvo. "Esa grabación no guarda relación con operaciones cambiarias, SIRA, funcionarios, lavado de activos ni con ninguna maniobra penalmente relevante. Fue un video arteramente utilizado para mal predisponer a la opinión pública", agregó.

Una señal antes de nuevas medidas

Migueles también reconoció problemas con su situación patrimonial. "Quiero aclarar que no tengo declaraciones cerradas de varios períodos, cuestión que procuraré ordenar y aportar con mi defensa", sostuvo.

El financista dejó el escrito y se retiró de Comodoro Py. "Este descargo es preliminar. No pretende agotar todas las explicaciones posibles ni reemplazar la documentación respaldatoria que será aportada", adelantó. Mientras tanto, la fiscalía analiza el celular, busca identificar los nombres detrás de los apodos y pidió información sobre las autorizaciones SIRA que, según la hipótesis judicial, pudieron haber quedado atadas a pagos indebidos.

Tu prueba Premium ha finalizado