Luego de semanas de negociaciones con bloques dialoguistas y gobernadores, el Gobierno cerró una versión definitiva de la reforma laboral que incorpora 28 modificaciones sustanciales respecto del texto original. El objetivo es asegurar la aprobación en el Senado y enviar el proyecto a Diputados con el mayor consenso posible.

En la Casa Rosada sostienen que el acuerdo alcanzado garantiza los votos necesarios para la media sanción. Sin embargo, el costo político fue alto: varios puntos centrales del proyecto original fueron eliminados o moderados. En el nuevo esquema, empresas, bancos y la CGT aparecen entre los principales beneficiados, mientras que el Ejecutivo resignó parte de su planteo inicial para destrabar apoyos.

Ganancias: la concesión clave para sumar a los gobernadores

El cambio más relevante fue la eliminación del artículo que proponía reducir del 30% al 27% la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas. Esa modificación afectaba directamente la coparticipación y generó un fuerte rechazo de los mandatarios provinciales, que advirtieron sobre una pérdida multimillonaria de recursos en un contexto de caída de la recaudación.

La marcha atrás fue decisiva. En el oficialismo reconocen que sin ese gesto el proyecto corría serio riesgo. La eliminación del recorte en Ganancias permitió recomponer el vínculo con las provincias y consolidar el respaldo legislativo necesario para avanzar.

Pago de salarios: se mantiene la bancarización tradicional

En otro punto sensible, el texto definitivo confirma la obligatoriedad de la bancarización para el pago de salarios y descarta la posibilidad de utilizar billeteras virtuales no bancarias.

La versión original abría la puerta a que plataformas fintech administraran cuentas sueldo, pero finalmente esa opción quedó fuera del proyecto. De este modo, el sistema financiero tradicional conserva un negocio estratégico que involucra cerca de 20 millones de cuentas sueldo en todo el país.

La decisión fue leída como un triunfo de los bancos, que habían cuestionado la apertura del sistema y defendieron la centralidad del esquema bancario regulado.

Aportes sindicales y obras sociales: concesiones a la CGT

En el capítulo sindical también hubo modificaciones relevantes. El aporte solidario a los gremios se mantendrá durante dos años con un tope del 2%, y las empresas continuarán actuando como agentes de retención de las cuotas sindicales.

Recién a partir del 1° de enero de 2028 esos aportes pasarán a ser voluntarios y requerirán consentimiento individual expreso. Esta postergación implica una señal clara hacia las estructuras sindicales, que preservan durante los próximos años una fuente central de financiamiento.

Además, no avanzó la reducción de la alícuota destinada a obras sociales. El porcentaje se mantendrá en 6%, descartando la baja al 5% que proponía el texto original. El argumento fue evitar un desfinanciamiento del sistema de salud sindical.

Indemnizaciones: nuevo cálculo y límites a la litigiosidad

Uno de los ejes estructurales que sí se mantiene es la redefinición de la "mejor remuneración" para el cálculo indemnizatorio. A partir de ahora, se considerará exclusivamente lo mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no periódicos como el aguinaldo o las vacaciones.

El proyecto establece además que la indemnización será la única reparación por despido sin causa, una definición que apunta a reducir la litigiosidad laboral.

En paralelo, se introduce un esquema claro de actualización de créditos laborales basado en IPC más 3% anual, buscando previsibilidad y evitando interpretaciones judiciales dispares.

Fondo de Asistencia Laboral y pago en cuotas

La reforma crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir costos de desvinculación. Las grandes empresas aportarán 1% mensual, mientras que las MiPyMEs contribuirán con 2,5% mensual. El fondo tendrá carácter de patrimonio separado, inembargable y de afectación específica.

También se habilita el pago de sentencias laborales en cuotas: hasta seis mensuales consecutivas para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas, así como para empleadores individuales. La medida busca evitar que fallos de gran magnitud comprometan la continuidad operativa.

Servicios esenciales y límites a la huelga

El texto amplía la definición de servicios esenciales en sentido estricto, incorporando educación en todos sus niveles, cuidado de menores, transporte de caudales y seguridad privada.

Además, se establece que las fuerzas de seguridad deberán garantizar una cobertura del 100% de su prestación normal, lo que impacta directamente en el alcance de eventuales medidas de fuerza en áreas estratégicas.

Flexibilidad, digitalización y convenios

En el plano administrativo, el registro ante ARCA será suficiente para acreditar la relación laboral, sin que otras autoridades puedan exigir requisitos adicionales. Se habilita la digitalización de libros laborales con validez legal.

El proyecto también incorpora el banco de horas voluntario, permite el fraccionamiento de vacaciones con un mínimo de siete días, y habilita acuerdos fuera de temporada.

Otro punto relevante es la prelación de convenios de empresa sobre los nacionales, siempre que exista acuerdo entre las partes, lo que introduce mayor descentralización en la negociación colectiva.

Incentivos y compromiso fiscal

La iniciativa crea el Régimen de Incentivo para la Formación Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientados a capacitación e inversión productiva.

Además, el Gobierno asumió el compromiso de impulsar una reforma fiscal integral que articule acuerdos entre Nación y provincias para reducir cargas tributarias.

En síntesis, la reforma que llegó al recinto no es la misma que presentó originalmente el Ejecutivo. Es una versión políticamente negociada que conserva el núcleo del cambio -modificación del esquema indemnizatorio, flexibilidad contractual y redefinición de aportes- pero incorpora concesiones estratégicas para garantizar su aprobación.