La Justicia condenó este martes a tres de los coautores del intento de robo del banco Macro de San Isidro el 6 de agosto de 2024. El caso quedó expuesto luego de que un delivery denunciara actividad sospechosa al ver una varilla metálica que sobresalía del asfalto de la vereda: estaban a cinco metros de las cajas de seguridad de la entidad bancaria cuando los policías se dieron cuenta de que los ladrones habían cavado un túnel y los detuvieron.

El juez Maximiliano Savarino del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro determinó que Alejandro Israel Rosendo López reciba dos años y cinco meses de prisión y que los uruguayos Carlos Andrés Cazenave Peña y Nicolás Ignacio Carpani Romero reciban tres años y cuatro meses de cárcel.

Hay otros dos imputados: Alan Daniel Rodríguez y César Leonardo Cazenave Peña, quienes serán juzgados por un tribunal ordinario a través de un debate. Está a cargo el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, también de San Isidro. Aún no hay fecha confirmada para este caso.

Los imputados están acusados de ser coautores del intento de robo agravado por su comisión en un lugar poblado y en banda. Carlos Andrés Cazenave Peña y Nicolás Ignacio Carpani Romero usaron identidades falsas para engañar a una inmobiliaria, por lo que se les suma el cargo de falsificación de documento público.

La reconstrucción de los hechos se traslada al 1° de noviembre de 2023, momento en el que se presume que comenzó el plan delictivo integrado por al menos otras siete personas que están prófugas de la Justicia.

El plan perfecto que quedó a cinco metros de la gloria

El objetivo era quirúrgico: la bóveda de cajas de seguridad del Banco Macro, ubicado en Chacabuco 444. Adentro esperaban millones de dólares, joyas, arte y ahorros de todas las personas que tenían un abono allí. Para la Fiscalía, la banda operaba como una maquinaria perfecta. Había una división milimétrica de tareas, logística binacional entre Argentina y Uruguay, además de identidades falsas.

La base de operaciones se montó a metros del objetivo. El grupo pagó por adelantado el alquiler de un local de placas antihumedad por un año, pero era una fachada. Detrás de la atención al público había un búnker que planificaba el ataque. Sin embargo, no fue el único. 

Los fiscales descubrieron que el grupo también había tomado el control de un inmueble ubicado justo en frente de los Tribunales de San Isidro, sobre la calle Ituzaingó 341. Desde allí habrían realizado las tareas de inteligencia previas al ataque.

Para moverse por fuera del radar, utilizaron nombres falsos. Los elegidos fueron Daniel Osvaldo Navarro y Giovanni Rossi, falsificando documentos con fotos ajenas. Incluso tramitaron de forma fraudulenta el servicio eléctrico de Edenor para consumir mucha energía sin levantar sospechas.

Durante seis y nueve meses, el grupo cavó a ciegas, pero con precisión. El resultado fue un túnel de entre 155 y 220 metros de extensión con 4,35 metros de profundidad y 1,20 metros de altura. Estaba iluminado con lámparas de bajo consumo, paredes con encofrado de madera, piso alfombrado, estructuras de contención y un sistema de ventilación improvisado con caños plásticos de desagüe conectados a la superficie.

 Cuando la Policía allanó el galpón, encontró maquinaria pesada, bolsones repletos de tierra, comida, colchones, ropa, planos y mediciones críticas. En la sentencia, el juez Savarino destacó que los destrozos en el lugar y en el espacio público reflejaban la "intensidad de la maniobra". El golpe, estiman los fiscales, se iba a ejecutar en cuestión de horas. 

El sofisticado plan de ingeniería criminal se desmoronó por un imprevisto mundano el martes 6 de agosto de 2024, a las 8:45 de la mañana. Damián Otero, un repartidor que descargaba mercadería en un local gastronómico de la cuadra, sintió un crujido extraño debajo de su camioneta. Al agacharse, vio una varilla de hierro que empujaba con fuerza desde abajo, emergiendo entre los adoquines.

-¡Pará que me vas a romper la camioneta!- gritó Otero hacia el pavimento.

Abajo, el silencio fue inmediato. La varilla dejó de moverse. Otero no dudó y alertó a la seguridad del banco. Aunque los técnicos revisaron alarmas y sensores sin encontrar fallas, se dio aviso a la Comisaría 1ª de San Isidro, que dispuso una custodia preventiva. Al día siguiente, las autoridades descubrieron el túnel. La banda ya había escapado, pero el rompecabezas empezó a armarse rápido.

Una huella dactilar en una botella de gaseosa olvidada en el taller y el rastro de una embarcación fueron las llaves de la investigación. El primer eslabón en caer fue Rosendo López, el "lanchero" encargado de cruzar a los miembros de la banda entre el Delta del Tigre y Uruguay. López admitió realizar viajes semanales por los que cobraba USD 300, aunque alegó que lo habían contactado bajo el alias de "Tío" y que desconocía el trasfondo del plan.

El perfil de López ya era conocido para la Justicia: en 2019 había sido condenado por narcotráfico tras ser interceptado por la Prefectura Naval con 11 kilos de cocaína a bordo del bote Coqueta II.

El resto de los acusados, de nacionalidad uruguaya, arrastraba sus propios antecedentes y conexiones con la barra brava de Nacional de Montevideo. Entre ellos figuraba Carpani Romero, con pasado como futbolista en el Club Atlético Platense de Uruguay, y César Cazenave Peña, un viejo conocido de las fuerzas de seguridad uruguayas con un prontuario que incluía narcotráfico, asociación ilícita, lesiones, atentado a la autoridad y rapiña agravada.