El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un requerimiento formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que creen y regulen, "con la mayor celeridad posible", el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto. Este requerimiento establece un plazo de tres meses desde su recepción para cumplir con esta obligación. Según fuentes del Gobierno, si transcurrido este tiempo no se ha implementado, se activarán los mecanismos legales necesarios para exigir su cumplimiento.

La Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, vigente desde 2023, obliga a todas las comunidades autónomas a disponer de un registro de objetores. Este instrumento fue aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024 y es de cumplimiento obligatorio. La falta de este registro limita el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley.

El Gobierno subraya que el respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca debe convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres. Con este requerimiento, se busca garantizar que todas las mujeres, independientemente de su lugar de residencia, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, asegurando todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad.