El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reclamó al Gobierno nacional un mayor compromiso frente a la crisis social y económica. Durante una misa en la parroquia San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano, afirmó que no existe lugar para la indiferencia ante el crecimiento de la pobreza, la falta de empleo y la exclusión.

La celebración recordó los 50 años del asesinato de los cinco curas palotinos, cometido el 4 de julio de 1976 durante la última dictadura militar. En ese marco, el jefe de la Iglesia porteña vinculó el legado de las víctimas con los desafíos sociales actuales y llamó a reforzar el compromiso con los sectores más vulnerables.

El mensaje de García Cuerva

Durante la misa, el arzobispo convocó a acompañar a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

"Estar cerca" de quienes sufren el desempleo, la pobreza, la soledad de los adultos mayores, la enfermedad y la vida en la calle fue uno de los principales ejes de la homilía.

Además, pidió dejar de lado "la crueldad y el individualismo" y sostuvo que la solidaridad debe ocupar un lugar central frente al deterioro social que atraviesa el país.

Ese mensaje se sumó a otros planteos públicos realizados por el arzobispo durante los últimos meses, en los que reclamó una respuesta conjunta del Estado, la dirigencia política y la sociedad para atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

El homenaje a los curas palotinos

La ceremonia recordó a los tres sacerdotes y dos seminaristas asesinados en la parroquia San Patricio el 4 de julio de 1976, uno de los crímenes más emblemáticos cometidos durante la última dictadura.

García Cuerva destacó que las víctimas fueron perseguidas por defender la dignidad humana y sostuvo que ese compromiso continúa como una referencia para afrontar los problemas sociales del presente.

El documento desclasificado de Estados Unidos

El aniversario también coincidió con la difusión de un documento diplomático desclasificado por Estados Unidos que incorporó nuevos elementos a la investigación del caso.

El cable, enviado apenas cuatro días después de la masacre al Departamento de Estado, indicó que la Embajada estadounidense en Buenos Aires ya manejaba información que atribuía el asesinato de los tres sacerdotes y los dos seminaristas a integrantes de la Policía Federal.

El informe también señaló que distintos sectores de la Iglesia compartían esa hipótesis y vinculaban el crimen con una represalia posterior al atentado contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal.

A cincuenta años del crimen, ese documento volvió a respaldar la hipótesis que adjudica la masacre a integrantes de la Policía Federal y reforzó la línea de investigación judicial que busca establecer las responsabilidades por el asesinato de los cinco religiosos.