Las condiciones de competitividad a la baja de la Argentina pusieron a las pymes en una situación de incertidumbre ante las condiciones para la competencia nacional e internacional. Ausencia de inversiones para proyectos a futuro, escasa financiación para hacer frente a los escenarios actuales y una presión impositiva y aumentos de costos fijos en crecimiento dejaron con escasas posibilidades de diseñar políticas productivas a mediano plazo aunque aún las expectativas positivas se mantienen gracias a las reformas puestas en marcha. La pregunta de los industriales es ¿cuántas llegarán a la orilla que se visualiza pero que aún está lejos?

Los anuncios de nuevos ajustes tarifarios puso en alerta a varias empresas fabriles, quienes temen que los aumentos en los costos energéticos y logísticos se conviertan en una trampa para la producción, que no podrá trasladar a precios esa presión tarifaria por el escaso margen de mercado interno y la baja competitividad exportadora, luego de dos años de reclamos antes condiciones deficientes en los servicios prestados.

De acuerdo a las estadísticas del World Economic Forum, la Argentina es la economía 92° en el ránking de competitividad del mundo, entre las 132 analizadas. Hubo avances que le reconocieron un ascenso de 10 lugares en la medición regional. Por debajo de esa línea en América latina están Nicaragua, Honduras, Ecuador, El Salvador Paraguay, Venezuela y Haití.

“Argentina mejora 10 puestos para ubicarse en el puesto 92 este año, impulsado por un mejor desempeño en requisitos básicos. La adopción tecnológica, la sofisticación empresarial y la innovación mejoran, lo que indica un proceso de reconversión en Argentina y refleja nuevas fuentes de crecimiento. A medida que el gobierno implementa reformas que apuntan a distorsiones que afectan la eficiencia del mercado, algunos indicadores de bienes, laborales y d edesarrollo financiero están comenzando a mejorar. Estas pequeñas mejoras son indicativas del camino por recorrer”, enfatizó el WEF en su informe de fin de año.

De acuerdo a las recomendaciones de la organización, “mejorar los determinantes de la competitividad, como se identifica en los 12 pilares del GCI, requiere la acción coordinada del Estado, la comunidad empresarial y la sociedad civil”.

“Este año, el GCI señala tres desafíos principales: primero, las vulnerabilidades financieras representan una amenaza para la competitividad y la capacidad de las economías para financiar la innovación y la adopción tecnológica; segundo, las economías emergentes se están volviendo mejores en innovación, pero se puede hacer más para difundir los beneficios; en tercer lugar, la fl exibilidad del mercado laboral y la protección de los trabajadores son necesarias para la competitividad y la prosperidad compartida en la Cuarta Revolución Industrial”, destacó.

La UIA al borde del ataque de llanto

Los reclamos de los industriales llegaron a oídos del Gobierno, que lejos de achicar distancias, los calificó de llorones a los empresarios. Hubo un fuerte cruce en los medios de comunicación pero quedaron de las chispas, fuego que puede servir tanto como para encender los hornos de las fábricas como para prender fuego la relación entre el sector público y el privado.

“Felicitamos a @mariuvidal a @ljsarquis y a @juancurutchet por los anuncios para el Campo. De igual modo la Industria necesita este tipo de apoyos y fomentos, para los casos que están complicados y también para los que tienen vocación de seguir evolucionando”, señaló el presidente de la Uipba e integrante de la mesa chica de la UIA, Mario Gualtieri, a través de la red social de Twitter. Fue después del anuncio de ayuda de la provincia de Buenos Aires a los productores agropecuarios afectados por la sequía y las inundaciones.

Sucede que en territorio bonaerense la sequía llegó a las fá- bricas, en donde se quejan por la falta de incentivos impositivos, conjuntamente con la ausencia de financiamiento y una creciente presión impositiva, a pesar del Pacto Fiscal firmado entre gobernadores y Nación.

Por caso, el Corredor Norte Productivo bonaerense, conformado por las uniones industriales de Tigre, Escobar, Malvinas Argentinas, Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y el Parque Industrial de Pilar, alertó que “los efectos de los beneficios causados por la Ley Pyme y el atenuante de Ingresos Brutos, fueron opacados ante la suspensión de las herramientas financieras para las pymes”.

Pero destacaron la preocupación del sector por “la suba de las tarifas de electricidad, gas y combustible” al señalar que “repercutieron directamente en los costos, y que aun así, tampoco mejoraron en cuanto a la calidad y continuidad del suministro que requieren los procesos productivos”. Este pronunciamiento, difundido a través de un comunicado de prensa, fue realizado antes del incremento que anunció el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

“Por otro lado, también afectaron al sector las retenciones, percepciones e incrementos en el 2,5% de las cargas patronales en el plano nacional; el aumento del 75% del impuesto inmobiliario provincial; y la creación y aumento de tasas municipales que incumplen el pacto fiscal”, se quejaron los industriales del norte bonaerense.