Con una importante caída en la inversión educativa nacional y provincial, la salida del gradualismo fiscal registrada a partir de 2018 tuvo un fuerte impacto en el presupuesto educativo. La inversión educativa nacional cayó 9% entre 2016 y 2018, cifra que trepará a 19% con la ejecución del presupuesto de 2019. En números absolutos, entre 2016 y 2018, la inversión educativa nacional cayó de $181.000 millones a $165.000millones (a valores de 2018, es decir, quitando el efecto de la inflación). Si se ejecuta el Presupuesto de 2019 tal como está previsto, el retroceso entre 2016 y 2019 será de $34.700 millones (también a valores de 2018). Así lo afirma el documento de Cippec"El financiamiento educativo en la Argentina: balance y desafíos de cara al cambio de década", que actualiza y extiende la cronología de la inversión educativa en la Argentina desde 2005 hasta 2017 o la actualidad, dependiendo de la disponibilidad de datos. Sus autores son Belén Sánchez y Agustín Claus, coordinadora y consultor, respectivamente, del programa de Educación de CIPPEC. "La salida del gradualismo económico en 2018 se manifestó con fuerza en la reducción de la inversión educativa nacional", sostiene Belén Sánchez. "Es preocupante la reducción generalizada de la inversión asignada a políticas educativas nacionales prevista para 2019, teniendo en cuenta el escaso margen de las provincias para implementar políticas más allá del mantenimiento del sistema educativo (pago de salarios e infraestructura) con recursos propios", agrega.

Inversión provincial y salario docente

La inversión educativa provincial, mientras tanto, se redujo un 8% entre 2015 y 2016, y se mantuvo prácticamente constante entre 2016 y 2017. Pero la baja en los salarios docentes, que representan el 90% de los presupuestos provinciales, permite proyectar un descenso durante 2018. Entre 2016 y 2017 (último dato oficial disponible) pasó de $590.000 millones a $589.000 millones.

En efecto, el poder adquisitivo del salario docente cayó 14% entre 2015 y 2018, con fuertes disparidades provinciales. Tras alcanzar un máximo en 2015, comenzó a perder poder adquisitivo, regresando en 2018 al nivel de 2007. Se verificaron caídas en cada una de las 24 jurisdicciones (con mayor fuerza en Tierra del Fuego y Santa Cruz, las que históricamente han pagado salarios más altos), con excepción de San Luis, provincia en que el salario creció 14% en términos reales (ver evolución del salario docente por provincia).

"Una parte de estas desigualdades se debe a diferencias en los costos de vida de cada provincia, pero una brecha de 2,1 veces entre la provincia que más pagó y la que menos en 2018 muestra que los fondos nacionales no logran su objetivo compensador", sostiene Sánchez.

Meta incumplida

La Ley de Financiamiento Educativo (2005) estableció una meta del 6% del PBI para la inversión educación, ciencia y tecnología; y desde 2010 la Ley Nacional de Educación fijó una meta de 6% del PBI para la inversión en educación únicamente. El documento de CIPPEC revela que esta meta solo se cumplió en 2015: en 2016 el gasto educativo consolidado fue del 5,80% y en 2017, de 5,65% del PBI.

"El incumplimiento de la meta de inversión en educación limita las mejoras en las condiciones materiales y pedagógicas para lograr una mayor cobertura, permanencia y egreso de estudiantes con calidad educativa", sostiene Alejandra Cardini, directora del Programa de Educación de CIPPEC. Por otra parte, "muestra una falla en la coordinación federal para sostener la inversión, es decir, en la repartición de las responsabilidades entre el gobierno nacional y las provincias", agrega la especialista.