A fines de 2015, la economía argentina presentaba una serie de desbalances de compleja administración para el gobierno entrante. En el plano fiscal, este optó por una corrección gradual. La estrategia se apoyó en una doble premisa: reducir la carga tributaria para incentivar la inversión del sector privado, y ajustar de forma pausada el gasto primario para equilibrar las cuentas públicas. El déficit resultante habría de financiarse principalmente mediante la emisión de deuda en los mercados internacionales y en mucho menor medida con adelantos decrecientes del BCRA y con los ingresos fiscales extraordinarios que produjo el régimen de sinceramiento fiscal (Ley N°27.260).

La orientación de la política fiscal sufrió un cambio significativo durante 2018, cuando la economía comenzó a experimentar un freno abrupto en el ingreso de capitales privados externos. El gobierno debió abandonar el enfoque gradualista y comenzar a cerrar el déficit primario de forma veloz, incrementando los ingresos fiscales (por ejemplo, aumentando derechos de exportación) y acelerando el recorte del gasto primario, en el marco de un programa con el FMI. La trayectoria de la política fiscal tuvo su implicancia sobre la evolución de la deuda pública. Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019 pasó de 53% a 75% del PBI. Esta fuerte suba del peso de la deuda es la que ha generado preocupación en los mercados de crédito y disparado el riesgo país a niveles record.

El Proyecto de Presupuesto Nacional 2020 prevé que el 2019 cerraría con un déficit primario de 0,5 % para concluir el año próximo con un superávit de 1 % del PBI. Si bien el PPN 2020 ofrece algunos indicios sobre cómo podría continuar el ordenamiento de las cuentas públicas, hay importantes omisiones. El proyecto carece de un programa macroeconómico que le sirva de marco. A fines de agosto el Gobierno nacional anunció una modificación unilateral en el cronograma de pagos previsto para las letras del Tesoro ante la imposibilidad de refinanciar los vencimientos de capital de estos instrumentos. Si bien esta medida disminuye las necesidades financieras para 2019, incrementa los vencimientos previstos para 2020. Por lo tanto, junto con la modificación unilateral de las letras, el Ministerio de Hacienda anunció la intención del gobierno nacional de avanzar en un reperfilamiento voluntario de los bonos de corto y mediano plazo.

Los desafíos fiscales y financieros de cara a 2020 difícilmente puedan enfrentarse sin un abordaje integral que permita la recuperación rápida de la economía para retomar luego un sendero de crecimiento. Volver a crecer es condición necesaria para cualquier programa que aspire a la sostenibilidad fiscal y financiera. Será prioritario entonces que el próximo gobierno de forma a un programa macroeconómico en el que se articulen las políticas fiscal, monetaria, cambiaria, financiera y de ingresos ùun acuerdo de precios y salariosù, que cuente con el aval del FMI y que ofrezca una base sólida para el reperfilamiento de la deuda pública con los acreedores privados.

* Extracto del informe de Cippec

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