La reunión de empresarios, sindicalistas y representantes de movimientos sociales con el presidente electo, Alberto Fernández, para discutir políticas contra el hambre terminó con una conclusión tácita que, en las últimas horas, puso en palabras el presidente de Syngenta, Antonio Aracre. "Quedó claro implícitamente que todos vamos a tener que poner el hombro", resumió. La convocatoria cumplió con el objetivo de sentar frente a frente a quienes representan a algunos de los sectores más concentrados de la economía con quienes representan a los que no llegan a fin de mes. En el Frente de Todos consideraron muy valioso el hecho de que dirigentes empresarios como Daniel Funes de Rioja hayan escuchado de boca de sindicalistas como Sonia Alesso los reclamos de muchos niños y sus familias para que los comedores de las escuelas abran los fines de semana.

Y es que Fernández espera financiamiento además de hombros. La herencia que le dejará Mauricio Macri al gobierno entrante es demoledora no sólo por la cantidad de personas que se sumaron a las estadísticas de la pobreza y la indigencia estos cuatro años sino también por la urgencia: los comedores que reciben asistencia de ONGs denuncian que hace más de un mes que el Estado no les gira los fondos a esas organizaciones para solventar los alimentos para los miles de niños y adultos que son asistidos allí diariamente.

"Llamás y no encontrás a los funcionarios. Es como que están en retirada. De las mas de 60 ONGs que asisten a nuestros más de 1.300 comedores, sólo cuatro están al día con los fondos. El resto, hace más de un mes que no recibe la asistencia del Estado", denuncia Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita. La deuda que se está acumulando con esas organizaciones deberá levantarla el nuevo gobierno. Se está materializando así uno de los temores de Fernández en la transición: la interrupción de partidas o licitaciones clave que, una vez paralizadas, cuesta meses volver a poner en circuito.

Lo que sí comenzaron a recibir los comedores es el aumento en el presupuesto contemplado en la Ley de Emergencia Alimentaria: de $21 pesos por persona por día pasaron a recibir $30. Paliativos de miseria que redundan en una alimentación deficiente para los que acceden a ella.

Por eso fue tan importante, dicen quienes estuvieron allí, la intervención de la cocinera Narda Lepes en la mesa contra el hambre. Su propuesta fue: resolvamos lo urgente pero también lo importante, que es la calidad y variedad de los alimentos que están recibiendo la mayoría de los niños argentinos. En línea con su pedido, el futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, detalló que durante su gestión el objetivo será que todos puedan "alcanzar la canasta básica", pero anticipó también: "Vamos a hacer una política de seguimiento nutricional".

Por las dudas, hay sectores que ya abrieron el paraguas. La Sociedad Rural, pronta, advirtió que la crisis "no se resuelve con un aumento de la presión impositiva, ya de por sí insoportable". Sin responderles de manera directa, Fernández avisó, en Página/12: "Díganme cómo quieren que tenga déficit cero sin mejorar mis ingresos. Una parte lo voy a mejorar haciendo crecer la economía pero en un primer momento van a tener que hacer un aporte todos".

La base con la que trabaja Arroyo incluye a ocho millones de personas, contabilizadas dentro del universo de la inseguridad alimentaria. Las tarjetas que prepara para cuando asuma en el Ministerio llegarán a unos dos millones de personas y para los seis restantes la asignación alimentaria adoptará otras modalidades. El futuro ministro evalúa complementar esas iniciativas con un sistema masivo de créditos no bancarios asociados a los planes sociales con dos objetivos: generar trabajo y fomentar el desendeudamiento entre la población más vulnerable.

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