Mucho ya se ha discutido en esta columna y en otros medios económicos acerca del crecimiento de la actividad en la postpandemia y de su impacto en el empleo. Si sacamos una foto de la situación actual, el EMAE registró un 5,1% interanual en abril y los sectores que mostraron mayor incidencia fueron pesca, hoteles y restaurantes y explotación de minas y canteras. Respecto del mercado de trabajo, la tasa de desocupación arrojó un 7% en el primer trimestre de 2022. Si bien el dato es positivo, ya que es una cifra a la que no se llegaba desde el 2015, es necesario seguir mirando de cerca algunos indicadores debido a que la subocupación se mantuvo en 10% y el empleo no registrado en 35,9 (3,5 puntos porcentuales más que en el primer trimestre de 2021).

Ahora bien, dadas las condiciones objetivas del mercado del trabajo ya descritas puede pensarse que se llegó al momento de volver a poner la distribución funcional del ingreso en la discusión. ¿Están dadas las condiciones para aplicar una distribución equitativa entre el sector empresario y los trabajadores y las trabajadoras? ¿Existe algún tipo de política económica que pueda impulsarla? Desde una perspectiva teórica se podría decir que es deseable socialmente que la participación de los trabajadores y las trabajadoras en el producto esté rondando el 50% (en la actualidad se ubica en valores cercanos al 43%), pero en la coyuntura de una economía como la argentina es necesario realizar diversos acuerdos sociales para alcanzar ese guarismo.

Históricamente, el aumento del salario real impulsó la participación de los trabajadores y las trabajadoras en el producto. Según los últimos datos del Indec, el índice de salarios se incrementó un 58,4% interanual, liderando este aumento el sector público (65,6%). En línea con esto, también es importante continuar con una política de salario mínimo para que sea el piso de ingresos al que aspire un trabajador o trabajadora sin el descuento jubilatorio, siendo la construcción y las labores domésticas los sectores más vulnerables en este aspecto dadas sus altas tasas de informalidad, que rondan el 75%, y como complemento de otras políticas de trabajo que promuevan la inserción de las personas desocupadas.

Como se mencionó anteriormente, la tasa de desempleo arrojó un valor que indica que el mercado de trabajo se recupera junto con el resto de la economía. No obstante, para una distribución más igualitaria del ingreso es necesario reducir la tasa de informalidad de la economía.

Según el informe del Indec, Argentina tiene 3,3 millones de asalariados y asalariadas sin descuento jubilatorio (lo que implica que no tiene ningún tipo de cobertura de obra social ni de representación gremial ni se encuentra bajo el sistema de riesgos del trabajo), por lo que también es necesario continuar con los programas que promuevan el trabajo registrado con el fin de mejorar la calidad del empleo junto con fuertes campañas de concientización orientadas a difundir las normativas laborales.

Junto con el incremento de las políticas de registración laboral y de la concientización de la ciudadanía para que se dé una verdadera distribución equitativa del ingreso es necesario que no se pierdan los derechos laborales ya adquiridos. En este sentido, las negociaciones colectivas por rama de actividad juegan un rol clave, aunque es necesario que aumenten en sectores como la minería y la agricultura (menos del 4% de los convenios colectivos homologados pertenecen a estas ramas). Esto es realmente importante, ya que no solo se negocia la escala salarial sino que se ponen en juego otro tipo de compensaciones (viáticos, incrementos por productividad y presentismo, entre otros).

Asimismo, y como una discusión mucho más a largo plazo, también es necesario un debate que incluya al sector empresario, al Estado en su conjunto y a los sindicatos acerca de los desequilibrios históricos de la estructura productiva argentina. Es más que sabido que, a lo largo de la historia, los problemas de restricción externa limitaron diversas aristas de nuestra economía y la distribución funcional del ingreso no es una excepción, ya que los problemas externos condicionan tanto al sector empresario como a los sindicatos a la hora de negociar.

Finalmente, se podría decir que luego del estancamiento económico de 2020 y de la recuperación de 2021 es un buen momento para conversar cómo se distribuye el ingreso en Argentina. No obstante, se deben tener en cuenta factores intrínsecos al mundo del trabajo (evolución del salario, política de salarios mínimos y convenios colectivos) pero también variables que lo exceden, como la evolución de los precios y la restricción externa.

* Licenciada en Economía y docente universitaria

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