La reactivación del Programa Progresar vuelve a poner en el centro de la agenda pública a los y las jóvenes. Durante marzo y abril está abierta la inscripción al programa con el objetivo de alcanzar a cerca de 750.000 titulares. ¿Cómo abordar desde la política pública la desigualdad educativa y laboral? 

Los y las jóvenes ven vulnerado su derecho a la educación y su inserción laboral es cada vez más dificultosa y precaria. El Progresar, lanzado por primera vez en el año 2014, se propuso promover y proteger las trayectorias educativas de los y las jóvenes de entre 18 y 24 años (cuyo núcleo familiar no supere los tres salarios mínimos, vitales y móviles) a través de una transferencia de ingresos a todo aquel que acredite regularidad en cualquier nivel educativo.

En Argentina, sólo el 32% de los y las jóvenes puede dedicarse exclusivamente a sus estudios. El panorama no es el más auspicioso para aquellos/as que deben salir al mercado laboral y aportar a la economía del hogar: uno de cada cuatro jóvenes se encuentra desocupado y dos de cada tres se ocupan en empleos informales. En este punto, cabe aclarar que si bien la importancia de la terminalidad educativa es innegable y constituye un eje central en la restitución de derechos vulnerados, ello no deriva necesariamente en una mejora en las condiciones de inserción laboral de los y las jóvenes. Esta situación instala la necesidad de apuntar a políticas que se centren no sólo en la oferta sino también en la demanda de puestos de trabajo protegidos y de calidad.  

El 34% de los y las jóvenes de 18 a 24 años no terminó el secundario y las posibilidades de abandono escolar se acrecientan en los estratos económicos de menores ingresos, donde más del 40% no terminó el nivel medio. La situación es preocupante: cerca de la mitad de los estudiantes que viven en hogares pobres van a encontrar mayores dificultades para finalizar sus estudios. Esto enfatiza el carácter fundamental del apoyo del Estado para revertir los efectos de una desigualdad que se acentúa, asimismo, en el mercado de trabajo. En un contexto de por sí crítico, quienes acceden en mayor medida a un puesto registrado son quienes tienen mejores credenciales educativas. A su vez, terminar una carrera universitaria es una cuestión de privilegio: sólo el 14% de jóvenes entre 24 y 29 años tiene un título terciario o universitario.  

Por otra parte, detrás de los tan estigmatizados “ni-ni” (jóvenes que no estudian ni trabajan) se oculta una gran mayoría de mujeres que ven vulnerado su derecho al estudio y al trabajo remunerado por dedicar la mayor parte de su tiempo al cuidado de niños y niñas,y a la gestión del hogar en general. Casi la mitad de las jóvenes amas de casa no terminó el secundario y más del 60% están por debajo de la línea de pobreza. Las consecuencias en la trayectoria de vida de estas mujeres son enormes, teniendo en cuenta que la exclusión del mercado de trabajo y la ausencia del estudio dificultan aún más la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y tener autonomía económica.

El  Progresar y la necesidad de un acompañamiento integral

Las políticas públicas orientadas a revertir estas dinámicas han sido de magros resultados. El Progresar puso en el centro de la escena esta problemática al generar una política de transferencia de ingresos concebida como una continuidad de la AUH, desde una lógica de reactivación económica y de ampliación de derechos. Se convirtió así en el programa destinado a este segmento de la población más ambicioso que se haya implementado en la Argentina, tanto por los recursos invertidos como por el alcance que persiguió.

Sin embargo, hubo aspectos que no lograron desarrollarse de manera efectiva como la red de tutores y los espacios de cuidado. Ambos dispositivos, presentes en el diseño original del programa, hubiesen permitido que la política tenga todavía mayor alcance y cumpla con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de todos los y las jóvenes, en particular de quienes están en una situación más desventajosa.

De esta manera, a través del foco en la transferencia monetaria (y la postergación de servicios abocados a facilitar la inserción en el sistema educativo) el programa se orientó más a sostener las trayectorias existentes que a promover la reincorporación y terminalidad educativa de aquellos/as que abandonaron sus estudios.

En su mejor momento el programa llegó a tener 900.000 titulares, pero debido a los recortes presupuestarios que sufrió durante la gestión Cambiemos, este universo no se pudo sostener. Entre el 2016 y el 2017, el año de mayor recorte, el presupuesto bajó en un 53%, lo que afectó directamente la cantidad de personas alcanzadas por la política. 

La pandemia ha acentuado la vulnerabilidad de los y las jóvenes en términos de ingresos y trabajo. En materia educativa, es innegable que la falta de presencialidad debilita los lazos de pertenencia a una comunidad que constituye un sostén indiscutible para el acompañamiento de las trayectorias. Incluso, el acceso desigual a recursos materiales para sostener las cursadas virtuales, tanto como la integración del espacio doméstico, educativo y eventualmente laboral complejizan la situación y fragilizan aún más la continuidad de quienes encuentran mayores obstáculos para llevar adelante sus tareas bajo las condiciones actuales.

La contracara de esta situación es la posibilidad que brindó la educación a distancia para quienes la lejanía respecto de centros educativos y de formación se volvía un obstáculo privativo. Sin embargo, vuelve aún más urgente la disminución de las brechas digitales y facilitar el acceso a la conectividad y a los dispositivos electrónicos para toda la población. 

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El desempleo, la precarización laboral y las trayectorias educativas interrumpidas siguen siendo una enorme deuda pendiente en nuestro país. La posibilidad de que más de 700.000 jóvenes puedan ahora acceder a un ingreso estable mensual vinculado a la inserción educativa, empieza a saldar esta deuda. En ese sentido, la recuperación económica deberá hacer su parte para que las mejoras en educación se traduzcan en un ingreso al mercado de trabajo con derechos.

El relanzamiento del programa es una nueva oportunidad para volver a poner a los y las jóvenes en el centro de la agenda. No obstante, para que esto sea realmente efectivo, deben abordarse desde una perspectiva integral toda la serie de condicionamientos que inciden en las posibilidades de inserción y continuidad educativa. Apuntar a aquellos/as que debieron abandonar y no sólo acompañar a quienes ya están en el trayecto requiere de una política que ensanche los márgenes de la intervención más allá de la transferencia monetaria y redoble esfuerzos allí donde las desigualdades son más profundas.

*Las autoras son investigadoras del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional ATENEA

Los datos son de un informe de Atenea con datos de EPH-INDEC