Los cuatro empleados de Sur Finanzas detenidos en la causa por presunto lavado de dinero recuperaron la libertad tras ser indagados por encubrimiento agravado. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso la excarcelación al considerar que el delito es excarcelable y que no existen riesgos procesales inmediatos, mientras continúa la investigación.

Se trata de Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga, quienes habían sido detenidos luego de los allanamientos realizados a partir del 1 de diciembre. Durante el fin de semana quedaron en libertad, aunque siguen imputados y a disposición del juzgado.

Las imputaciones por encubrimiento

Según la acusación de la fiscal federal Cecilia Incardona, los cuatro habrían intervenido en maniobras destinadas a ocultar y destruir evidencia ante los primeros procedimientos judiciales.

La investigación analizó conversaciones y chats que, de acuerdo con el expediente, muestran órdenes para borrar registros, retirar equipos informáticos y modificar documentación interna.

A Zapaia, oficial de cumplimiento, se le atribuye "haber ocultado, alterado y hecho desaparecer rastros, pruebas e instrumentos relacionados con maniobras de lavado de activos". Soler, técnico informático, enfrenta imputaciones similares por presuntas tareas sobre sistemas y equipos. Soloaga, jefe de choferes y seguridad, habría coordinado movimientos logísticos tras los allanamientos. Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, está señalada como quien "coordinó el plan destinado a ocultar y destruir evidencia".

Los cuatro rechazaron la posibilidad de declarar como arrepentidos.

Qué surge de los mensajes incorporados a la causa

En los teléfonos analizados aparecen intercambios que la Justicia considera relevantes para reconstruir la secuencia posterior a los allanamientos.

Uno de los textos que, según el expediente, la Justicia atribuye a la organización indicaba: "Buenas noches, chicos, mañana 11:00 hs en la covacha de civil dejen las camionetas lejos de la sucursal".

En otra comunicación se convocaba a una reunión "para organizar" cómo continuar con el trabajo. De acuerdo con la hipótesis judicial, a ese encuentro habría asistido el empresario Ariel Vallejo, quien ya se encuentra imputado en la causa.

También se registraron diálogos técnicos en los que se pedía intervenir computadoras o eliminar planillas. Parte de esos intercambios fueron reconocidos por los imputados durante las indagatorias, aunque algunos relativizaron su alcance.

Las declaraciones ante el juez

Zapaia sostuvo que una computadora hallada en su domicilio la retiró como "reaseguro" ante un conflicto laboral y afirmó que "era nueva, no tiene absolutamente nada". También pidió disculpas por mensajes enviados tras el allanamiento y los calificó como una broma.

Soler declaró que trabajaba como monotributista y explicó que las tareas solicitadas podían vincularse a mantenimiento técnico. "Limpiar puede ser de programas que le estén trabando la máquina", afirmó.

Soloaga y Sánchez optaron por no declarar.

Procesados previos y avance del expediente

En la causa ya habían sido procesados la tesorera Micaela Sánchez y los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín, detenidos en diciembre cuando trasladaban computadoras desde un galpón en Turdera. Actualmente cumplen prisión domiciliaria.

El expediente se inició tras una denuncia de la Dirección General Impositiva por una presunta evasión de $3.327 millones y luego incorporó la hipótesis de lavado de dinero vinculado a operaciones relacionadas con el club Banfield y un fideicomiso bajo análisis judicial.

La discusión sobre la validez de los procedimientos

Las defensas sostienen que Sur Finanzas no debía ser investigada en este expediente y califican de nulos los allanamientos y detenciones. Argumentan que la Cámara Federal, al resolver un conflicto de competencia, señaló que la financiera no estaba vinculada con los hechos investigados en torno al club.

Allanamientos, peritajes y elementos secuestrados

En los 14 procedimientos realizados se incautaron computadoras, discos externos, teléfonos celulares, documentación contable y dinero en efectivo en distintos domicilios y oficinas vinculadas a la firma.

Los peritos judiciales trabajan ahora sobre ese material para reconstruir movimientos financieros y determinar si existió un plan sistemático para eliminar pruebas.

El juez deberá resolver en las próximas etapas si dicta nuevos procesamientos o modifica la situación procesal de los imputados, mientras continúa el análisis de la evidencia digital y documental incorporada al expediente.