El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó 14 allanamientos y la detención de cuatro personas en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de activos y su relación con el negocio del fútbol. La decisión se adoptó tras constatar, según la hipótesis judicial, la existencia de un plan interno destinado a eliminar pruebas y obstaculizar la investigación.

Los procedimientos se realizaron en Lomas de Zamora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pinamar. Participaron la fiscal federal Cecilia Incardona, la Policía Federal, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Cuatro detenidos y riesgo procesal

Los detenidos son Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga. Sánchez se desempeñaba como secretaria privada del empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas. Soler era empleado de la firma; Zapaia, oficial de cumplimiento antilavado; y Soloaga, jefe de choferes.

En la resolución, Armella sostuvo que los acusados "habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas", y señaló que el "poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial" incrementaban los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio.

Antes de estos operativos ya se encontraban detenidos, con prisión domiciliaria, la tesorera de la empresa, Micaela Sánchez, y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Fueron arrestados en diciembre pasado cuando retiraban computadoras de un galpón en Turdera. Están procesados por encubrimiento agravado.

Chats y supuestas órdenes para borrar rastros

Peritajes sobre teléfonos celulares secuestrados incorporaron conversaciones internas en las que, según los investigadores, se impartían órdenes para retirar computadoras, extraer dinero en efectivo de sucursales y borrar planillas y registros de cámaras de seguridad.

La pesquisa también menciona a Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos. Hoffmann, cuya situación procesal no fue precisada en la información disponible, aparece en los chats dando instrucciones. En uno de los mensajes se lee: "ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas", dirigido a Juan Soler.

En una presentación judicial, Daniela Sánchez afirmó: "Nunca quise ocultar o destruir pruebas. La única respuesta que tengo a todo lo sucedido es la siguiente: yo me encontraba abocada a no perder mi puesto de trabajo y, entonces, a que la empresa continúe funcionando".

El origen de la causa y las cifras bajo análisis

La causa se inició en noviembre, a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), que advirtió sobre maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos.

En el expediente se analizan transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020. Según la hipótesis judicial, parte de esas operaciones habría utilizado monotributistas sin capacidad económica y sociedades consideradas "fantasma" para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito. También se investiga el uso de billeteras virtuales y criptomonedas.

Allanamientos previos alcanzaron dependencias de la AFA, clubes como Banfield y Argentinos Juniors y oficinas de la financiera.

Clubes bajo la lupa

El foco central del expediente es el vínculo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente.

Según surge de la investigación judicial, la operatoria bajo análisis alcanza a 17 clubes, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

En uno de los casos incorporados al expediente, la Justicia detectó transferencias a San Lorenzo con tasas calificadas en la causa como "usurarias". De acuerdo con la documentación judicial, la operatoria se habría ejecutado "con el permiso y recomendación de la AFA".

La investigación continúa con el análisis del material secuestrado -documentación contable y dispositivos electrónicos- para reconstruir la operatoria financiera y determinar responsabilidades. La instrucción sigue abierta, con nuevas indagatorias previstas en los próximos días.