El Gobierno nacional anunció que sancionará a la empresa FATE por no pagar los salarios de sus trabajadores durante la conciliación obligatoria, en medio del conflicto laboral que mantiene con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) tras el cierre de su planta y el despido de más de 900 empleados.

El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, informó que inició un sumario contra la compañía por el incumplimiento del pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo que constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada previamente.

En paralelo, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resolvió prorrogar por cinco días la conciliación obligatoria, que tenía vencimiento el 11 de marzo, con el objetivo de mantener abiertas las negociaciones y promover el diálogo entre las partes.

Multas por incumplimiento laboral

Según detalló el Gobierno, las sanciones previstas pueden ir del 50% al 2000% del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado, de acuerdo con el régimen de infracciones laborales establecido en la Ley 25.212.

Desde la cartera laboral señalaron que la extensión de la conciliación obligatoria busca evitar una escalada del conflicto y garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, mientras continúan las negociaciones entre la empresa y el sindicato.

El conflicto se profundizó luego de que FATE cerrara su única planta el 18 de febrero, una decisión que afectó a alrededor de 900 trabajadores. Desde el gremio reclaman la reapertura de la fábrica y el pago de los salarios adeudados.

La Justicia frenó el desalojo de la planta

En paralelo al conflicto laboral, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó la orden de desalojo del predio de FATE, ubicado en el partido bonaerense de San Fernando.

La decisión fue tomada por unanimidad tras una apelación presentada por el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, contra la orden de lanzamiento dictada por el Juzgado de Garantías N°4.

Los jueces señalaron que se trata de un conflicto laboral en el que los operarios ingresaron a la fábrica en defensa de sus puestos de trabajo, y recordaron que la huelga es un derecho reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Además, consideraron que ordenar el desalojo en este contexto podría implicar un "gravamen irreparable" para los trabajadores, especialmente mientras no hayan finalizado las instancias de conciliación y negociación entre las partes.

Milei volvió a apuntar contra el dueño de la empresa

El conflicto también tuvo repercusión política luego de que el presidente Javier Milei volviera a cuestionar públicamente al empresario Javier Madanes Quintanilla, propietario de FATE.

Durante un discurso en Nueva York, en el marco del Argentina Week, el mandatario lo calificó como "empresario prebendario" y lo mencionó junto al CEO de Techint, Paolo Rocca, en sus críticas a sectores industriales que -según sostuvo- se beneficiaron durante años de políticas de protección estatal.

En paralelo, el SUTNA impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de "utilidad pública" la producción de la planta, con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad y permitir una eventual intervención temporal del gobierno provincial.