El Fondo Monetario Internacional dejó críticas hacia el manejo de las políticas anticorrupción del gobierno de Javier Milei. El reporte técnico objetó de forma directa la laxitud con la que se manejan los controles sobre las declaraciones juradas de los funcionarios. 

El planteo marca la primera vez en la que el organismo multilateral de crédito expresa estas preocupaciones, al menos desde que Argentina volvió a endeudarse con él en 2018.

Estos cuestionamientos se encuentran incluidos en la segunda revisión del artículo IV. El documento aprobó un desembolso por USD 1.050 millones para el país, entregado a pesar de que el Gobierno incumplió nuevamente con la meta de reservas del Banco Central.

La entidad que preside Kristalina Georgieva enumeró dentro de los "desafíos pendientes" a la lucha contra la corrupción. Destacó allí que Argentina sacó una puntuación de sólo 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción para 2025, según Transparencia Internacional. 

El organismo apuntó además que la declaración sobre el clima de inversión de Estados Unidos y otros indicadores señalan la persistencia de estos desafíos.

Alertan por falta de transparencia y fallas de control

El FMI adoptó en 2018 un Marco de Gobernanza y Anticorrupción que le permite evaluar cómo las debilidades institucionales pueden afectar la economía de un país.

Los términos del Fondo se desarrollan en el Box 9, donde revisó los "recientes progresos" sectoriales. La entidad aseveró que "es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual".

El reporte técnico añadió que "las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación". Remarcó a su vez que "la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación". 

Los observadores internacionales y nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial.

Este tono elevado que exhibió el Fondo no fue presentado durante las gestiones previas del Palacio de Hacienda ni cuando el Poder Ejecutivo lo lideraba Mauricio Macri. 

En 2022, un informe del Fondo destacó "fuertes esfuerzos que se están llevando para mejorar la gobernanza, integridad financiera y marcos de transparencia".

Prórroga oficial y morosidad en la mira

A nivel político, el plazo para entregar las declaraciones juradas, que vencía el 30 de mayo, fue prorrogado por el Ejecutivo para el 31 de julio. La medida otorgó dos meses más para completar los formularios ante la Oficina Anticorrupción. 

En ese escenario se encuentra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que aún no ha presentado su balance patrimonial en medio del escándalo por los nuevos inmuebles que se le descubrieron y que no figuran en sus documentos anteriores.

Por otra parte, en su revisión, el FMI señaló que continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo. Advirtió también sobre la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión.

Asimismo, el organismo detalló que se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias para monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde los préstamos en mora son muy elevados. 

El diagnóstico coincide con los datos oficiales del Banco Central, que mostraron una disparada en la morosidad de los hogares, la cual llegó al 11,5% en marzo y obtuvo un salto de más de 8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025.